Por Inder Bugarin
Mientras que en el sur del país la autoridad migratoria es prácticamente inexistente, en el norte predomina el caos entre los que anhelan entrar a territorio estadounidense, sostiene el Consejo Danés para Refugiados (DCR por sus siglas en inglés) en su más reciente estudio de monitoreo sobre la crisis que afecta a México.
La investigación realizada conjuntamente con el Servicio Jesuita a Refugiados y con financiamiento de la Unión Europea, indica que durante julio y agosto pasado, los cambios en la política migratoria estadounidense “continuaron surtiendo sus efectos, con confusión y desesperación en ambas fronteras de México”.
En el norte, las autoridades de Estados Unidos aprehendieron a 315 mil personas tratando de ingresar de manera irregular durante el bimestre y a otras 350 mil en los dos meses previos.
En tanto que en el sur “se detectaron llegadas constantes de flujos significativos de personas de diversas nacionalidades, con mayor visibilidad de venezolanos y cubanos”.
Indica que las nuevas solicitudes recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se mantuvieron estables durante dicho periodo, con aproximadamente 23 mil.
Asegura que “no hay un registro de la magnitud de personas entrando el país” debido a que en “Tapachula, siguieron las prácticas de emisión arbitraria de oficios de salida que permitieron un flujo de personas hacía el norte del país sin pasar por la COMAR”.
En otras palabras, en la frontera chiapaneca el Estado está ausente para aplicar el debido proceso, elevando la vulnerabilidad de las personas que descontroladamente entran al país.
“Durante julio y agosto, el 100% de entradas documentadas por el Monitoreo de Protección fueron irregulares, confirmando la persistencia de una falta de mecanismos para acceder al territorio de manera regular”.
Como consecuencia, dos de cada tres migrantes que entran por Tapachula sufren algún tipo de abuso, al 28% les confiscaron sus pertenencias y al 24% sufrió extorsión.
Señala que en julio, la frustración generada por la incertidumbre provocó numerosas salidas de caravanas de alrededor de cien personas desde Tapachula, al mes siguiente la dinámica continuó con grupos de alrededor de 400 personas.
Indica que las caravanas son resultado de la imposibilidad de obtener documentación regular para transitar libremente dentro del territorio, así como por los riesgos de violencia, extorsión y acoso en la frontera, los espacios públicos y los puntos de revisión.
Alerta sobre un problema adicional generado por la política de COMAR de negar las solicitudes de asilo de niños que llegan al país después de sus familiares.
“Esta práctica deja a los menores en una situación de indocumentación, ya que la COMAR las instruye a acudir al Instituto Nacional de Migración para perseguir la regularización por vínculo familiar, un trámite cuyo alto costo lo hace prohibitivo para gran parte de la población de interés”.
En el norte, concretamente en Ciudad Juárez, las personas atendidas por el DCR “manifestaron estar confundidas sobre los procesos para acceder al territorio de Estados Unidos, debido en gran parte a rumores y desinformación difundida por plataformas digitales y otras redes de comunicación, además de servicios de pago no autorizados”.
Siguen formándose campamentos irregulares, prevalece el temor de alojarse en un refugio regular tras el incendio en la Estación Migratoria de marzo y la falta de empleo está conduciendo al trabajo forzado o la explotación laboral.
Igualmente siguen aumentando los casos de secuestro, el 22% de los entrevistados en la ciudad fronteriza afirmó que algún integrante del hogar había sido víctima de ese delito durante el tránsito en México o durante su estancia en Ciudad Juárez.
La información es resultado de 107 entrevistas abarcando a un total de 242 personas que han recibido asistencia humanitaria.
Indica que uno de cada cuatro entrevistados aseguró que en su hogar no hay ingreso alguno para cubrir las distintas necesidades; y la mitad dijo no haber recibido ninguna asistencia durante su estancia en México.
“Esta cifra refleja el alto nivel de vulnerabilidad de gran parte de la población de interés. Aunque existen algunos programas de asistencia para cubrir necesidades como albergue, alimentación y salud, estos siguen siendo insuficientes, particularmente para quienes no cuentan con los medios para cubrir estas necesidades”.
El documento señala que si bien el tener dinero no elimina los riesgos, el contar con recursos económicos aumenta las capacidades para afrontar la violencia, la coacción y la privación deliberada, al permitir a las personas vulnerables alojarse en lugares seguros y viajar por rutas regulares.
Las estadísticas de la ONG muestran que la inseguridad generalizada en el país de origen es el principal motivo por el que los migrantes abandonaron su hogar, 54%, seguido por el temor a persecución, 46%.
En cuanto a los mexicanos en movimiento, la inseguridad generalizada y la cobertura de necesidades básicas son las causas principales por la que salieron de su lugar de origen, seguido por la violencia de género y la reunificación familiar.
