Florida se convierte a partir de este 1 de julio en el estado con la ley migratoria más dura de estados Unidos. El 10 de mayo el gobernador Ron DeSantis promulgó la SB 1718 aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras de la Asamblea estatal de mayoría republicana que, entre otras medidas, sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
Según informa Univisión.com en su portal de noticias, en los días previos a su entrada en vigor, decenas de inmigrantes y trabajadores salieron a las calles en las localidades Jupiter y Lake Worth Beach, en centro del estado, para protestar contra la nueva legislación estatal que también ordena a las empresas con más de 25 empleados utilizar el sistema de verificación federal E-Verify. Inmigrantes y empleadores han advertido que la nueva legislación causará daños importantes a la economía del estado y que está presionando para que un porcentaje importante de la fuerza laboral indocumentada, sobre todo agrícola, huya hacia otros estados en busca de un mínimo de seguridad para no ser detenida y puesta en proceso de deportación.
“Hay mucho nerviosismo, angustias e incertidumbre”, dijo a Univision Noticias dice Jessica Ramírez, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (Farmworker Association of Florida). “La gente no sabe qué va a pasar a partir de ahora y tampoco sabe con certeza cómo se va a implementar esta nueva ley y a qué nivel”, agregó. La asociación estima que en Florida hay unos 800,000 trabajadores del campo, la mayoría provenientes de México y Centroamérica. Univision Noticias preguntó a la asociación una estimació o registro sobre los trabajadores que en las últimas semanas se marcharon a otros estados y Ramírez consideró que “entre el 8% y el 10% de la comunidad trabajadora se ha marchado de Florida en busca de lugares más seguros”.
A su vez, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes también señalan que la SB 1718 disuadirá a las víctimas de crímenes de ponerse en contacto con la policía para denunciar hechos delictuales o buscar atención médica ante el riesgo de que les pidan o pregunten sobre sus estados migratorios, los arresten y les inicien un proceso para ser expulsados de Estados Unidos. La mayoría de quienes huyen o están planeando irse no muestran sus rostros ni dan a conocer sus identidades por miedo a ser descubiertos y perseguidos por las autoridades de Florida. Muchos utilizan las redes sociales para expresar sus frustraciones, desolación y temores.
“Ni porque me paguen el doble regreso a Florida. Carolina (del Sur) es mejor”, dice un usuario cuyo usuario mantenemos en reserva. Otro escribe: “Yo no más, ya saqué a toda mi familia de Florida. Sin nuestra mano de obra no sirve US”. Un tercero señala: “Raza, no aflojen porque si lo convencen estos, se aprovecharán de nuevo. Sigamos en la lucha”.
La lista de usuarios despidiéndose ha crecido con el paso de los días. “Lamentablemente ya tomamos la decisión de irnos. Eso lo hubiesen pensado antes de firmar esa ley”, dice otro al enterarse de las declaraciones que hizo un grupo de legisladores republicanos quienes, durante un evento organizado por pastores religiosos, indicaron que la SB 1718 sólo se hizo para infundir miedo y que no vinieran más indocumentados a Florida, no para perseguir a los que ya tenían trabajo.
“Quitaron el pie del cuello del león, ahora sabrán lo que es el miedo”, dice Benjamín, en referencia a la falta de trabajadores en los campos. En otro mensaje se lee: “Dios es perfecto en este mundo. No llevamos nada. Yo estaba en Florida, pero gracias a Dios ya estoy en otro estado. Me dieron licencia y permiso de tr (trabajo”. Ese mismo día otro escribió: “Yo sí me tengo que ir, porque voy a tener a mi niña en julio y tengo miedo de que me deporten si voy al hospital”.
La falta de información adecuada por falta del estado para explicar que los pacientes de hospitales no están obligados a responder respecto a su estado migratorio ha hecho que quizá decenas o cientos de otros indocumentados se marchen por la misma causa: miedo a ser detenidos y deportados. “Nos vamos tres familias, seis niños, 10 adultos y siete trabajadores de roof (techos)”, escribió otro en la misma línea de mensajes que crece como si fuera una serpiente que huye de la madriguera porque la persigue el fuego de un incendio que arrasa todo a su paso.
Un informe elaborado por la Kaiser Family Foundation (KFF) tras la aprobación por parte de la Asamblea Estatal de la SB 1718 reveló que el 8% de la población del estado, estimada en 21.3 millones de personas, es inmigrante, conforme una estimación hecha por el American Community Survey. Los datos agregan que la integración de la comunidad inmigrante a la fuerza la laboral del estado representa un porcentaje determinante que sin duda se verá afectado por la entrada en vigor de la SB 1718.
En general, señala, el 89% de la fuerza laboral del estado lo integran ciudadanos y el 11% inmigrantes (con y son papeles). Cuando se distribuye por sector, los porcentajes muestran una realidad distinta. Por ejemplo, en el rubro de la agricultura, el 63% de los trabajadores son ciudadanos, mientras que el 37% está compuesto por mano de obra inmigrante. En el área de la construcción, en cambio, el 77% de los trabajadores son ciudadanos y el 23% lo integran inmigrantes, mientras que en el rubro de servicios el 86% lo desempeñan trabajadores ciudadanos y el 14% corresponde a fuerza laboral inmigrante.
El informe del KFF advierte que los cambios que amenaza con provocar la SB 1817 “podrían tener impactos de gran alcance en la salud y otros en las familias inmigrantes, más allá de los inmigrantes indocumentados a los que se dirige. En general, hay aproximadamente 1.8 millones de inmigrantes no ciudadanos en Florida, incluidos inmigrantes legales e indocumentados, que representan más del 8% de la población del estado”. “Una mayor cantidad de residentes de Florida viven en familias inmigrantes que, a menudo, incluyen personas de estatus migratorio mixto, incluidos niños nacidos en Estados Unidos”, precisa.
A pesar del vago lenguaje de la SB 1718 respecto a la manera en cómo será implementada y la discrecionalidad de que dispondrán agentes de policía estatal y municipal, así como empleados del estado en la implementación de la misma, el Florida Policy Institute elaboró un informe que mide provisionalmente el impacto que tendrá la nueva legislación en los floridanos, las empresas, agencias estatales y la economía de Florida en general. De acuerdo con los datos obtenidos en abril, mes en el que la propuesta fue aprobada en ambas Cámaras de la Asamblea Estatal, una de las mayores dificultades la enfrentarán los empleadores por contratar a trabajadores indocumentados o con papeles falsos, un delito grave de tercer grado que resultaría en una multa de hasta $5,000 o cinco años de prisión.
“Puede que no sea razonable suponer que la mayoría de la gente pagaría la multa de $5,000 en lugar de encarcelamiento, porque eso equivale a casi el 10% del ingreso familiar promedio de los floridanos”, señala. Y agrega que “muchos inmigrantes indocumentados ganan incluso menos que los trabajadores nacidos en Estados Unidos y los ciudadanos naturalizados, por lo que los ingresos de los cargos resultantes en virtud de esta disposición podrían no cumplir con las expectativas del estado”, agregó. A esto se agrega el uso obligatorio de la herramienta federal conocida como E-Verify, una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) con acceso a información de la Oficina del Seguro Social (SSA en inglés) que determina si un ciudadano o extranjero tiene autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.
En pocas palabras, la amenaza de multas y cárcel por trabajar indocumentado en Florida y el requisito obligatorio de verificación de empleo a partir del 1 de julio, ha generado un incipiente éxodo de trabajadores que, por el momento, en el campo se estima entre un 8% y un 10% de la fuerza laboral. “Si el estado determina que un empleador no usó E-Verify tres o más veces en dos años, será multado con $1,000 por día y suspenderá todas las licencias comerciales aplicables hasta que el empleador proporcione prueba de cumplimiento”, se lee en el estudio. “Esto podría costarle a la economía de Florida $12,600 millones en un año, lo que tendría un impacto generalizado en todo el estado”, agrega.
Las estimaciones muestran, además, que los inmigrantes indocumentados gastan el 7.3% de sus ingresos pagando impuestos, contribuyendo con cerca de $923 millones a los impuestos estatales y locales solo en 2019. Y que, a su vez, las seis industrias representaron el 25% del producto interno bruto (PIB) de Florida en 2019, produciendo $275,000 millones. “Sin trabajadores indocumentados, los empleadores en estas industrias perderían el 10% de su fuerza laboral y los salarios que aportan junto con ellos. Como resultado, el PIB de Florida podría caer $12.6 mil millones en un solo año o 1.1%”. El instituto revela, además, que el poder adquisitivo de estos trabajadores significa que los ingresos fiscales estatales y locales también caerían.
“Esto tendría un impacto significativo en una de las principales industrias de Florida: agricultura, silvicultura, pesca y caza, ya que se estima que los trabajadores indocumentados constituyen el 47% de su fuerza laboral”, precisa. A los costos en la industria, los investigadores recuerdan tener en cuenta los potenciales costos por encarcelamiento, estimados entre $152,000 y $481,000 por persona condenada, según el tipo de delito grave tipificado por la SB 1718. Por ejemplo, un delito grave de tercer grado le costaría al Departamento Correccional hasta $152,000 para encarcelar a cada persona, o $129,000 si cumplen el 85%.
