Un comité del Congreso de EEUU que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendó este lunes que el expresidente Donald Trump enfrente cargos criminales por su supuesta participación en el incidente.
El grupo de legisladores, dirigido en su mayoría por demócratas, señaló que el exmandatario instigó a sus partidarios a realizar el asalto y que les brindó “ayuda y consuelo”, lo que pudo haber violado varias leyes federales.
“Ninguno de los hechos del 6 de enero hubiera ocurrido sin él”, dice el resumen del informe final.
El jefe del comité, Jamie Raskin (demócrata), anunció que se han recomendado los siguientes cargos contra Trump ante el Departamento de Justicia:
Obstrucción de un procedimiento oficial.
Conspiración para defraudar a Estados Unidos.
Conspiración para hacer una declaración falsa.
Incitar, asistir o ayudar a una insurrección.Estos señalamientos no son legalmente vinculantes, pero Raskin dijo que tienen amplia evidencia para respaldar sus recomendaciones.
Sin embargo, el Departamento de Justicia está llevando a cabo su propia investigación por separado y, como resultado, cientos de personas ya se han declarado culpables.
Para el exfiscal federal Joe Moreno, el hecho de que una comisión del Congreso haga una recomendación penal al Departamento de Justicia contra un expresidente no tiene precedentes.
La votación del informe fue el final de una pesquisa de 18 meses sobre los caóticos últimos días de la presidencia de Trump, pero las implicaciones para él serán principalmente políticas, no legales.
Durante mucho tiempo, el expresidente Trump ha intentado pintar la totalidad de las investigaciones penales y civiles en su contra como parte de una “cacería de brujas” de los demócratas, cuyo objetivo final es bloquear su regreso al poder.
El informe fue votado por siete demócratas y dos republicanos abiertamente anti-Trump, lo que posiblemente hará poco para contrarrestar las afirmaciones del expresidente, si no es que reforzarlas.
Análisis de Anthony Zuercher, corresponsal de Norteamérica de la BBC
Si Trump fuera declarado culpable de los delitos por los que el comité lo acusó, podría enfrentar multas considerables, más de 10 años de prisión y se le prohibiría postularse para un cargo político en el futuro.
El voto del comité, sin embargo, es en gran parte simbólico.
El Congreso no tiene la capacidad de acusar a Trump de ninguno de los delitos federales enumerados. Ese poder está únicamente en manos del Departamento de Justicia de EEUU, que forma parte del gobierno del presidente Joe Biden.
Con su voto, los miembros del comité del Congreso, en efecto, recomendaron la ley del Departamento de Justicia.
Han expuesto el caso -los medios, el motivo y la oportunidad- tal como lo ven. Y, quizás lo más importante, han proporcionado una gran cantidad de pruebas de respaldo recopiladas durante casi dos años de entrevistas, citatorios, revisiones de documentos y batallas legales.
Sin embargo, lo que haga el Departamento de Justicia con todo esto está totalmente fuera del control del comité.
Si bien las recomendaciones del comité del 6 de enero pueden tener poco peso legal, hay muchos indicios de que el Departamento de Justicia ya está bien metido en el tipo de investigación de posible conducta delictiva del expresidente que señaló el comité.
Un gran jurado convocado por abogados federales ya emitió citaciones a docenas de funcionarios de la administración y la campaña de Trump y solicitó muchos de los mismos documentos de la administración Trump revisados por el comité del Congreso.
¿Qué pasó ese 6 de enero?
Estos son algunos puntos clave de los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington DC:
Era un día importante en el Congreso: los senadores estadounidenses se reunían en el Capitolio, como se le conoce a la sede del Congreso, para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que había ganado Joe Biden
Hubo un mitin cercano: Donald Trump, que todavía era presidente en ese momento, se dirigió a una gran multitud de simpatizantes en un mitin llamado “Salvemos a Estados Unidos” cerca de la Casa Blanca. Los instó a marchar “pacíficamente” al Capitolio, pero también hizo afirmaciones sin fundamento de fraude electoral masivo y les dijo que “lucharan como en el infierno”.
Una multitud irrumpió en el Capitolio: entre 2.000 y 2.500 personas marcharon al Congreso. Había miembros de grupos de extrema derecha y muchos portaban armas. Cientos de personas entraron a la fuerza al edificio a través de ventanas y puertas, abrumando a la policía del Capitolio.
Los políticos fueron arrinconados: el vicepresidente Mike Pence tuvo que ser sacado rápidamente del recinto y los miembros del Congreso se escondieron mientras los manifestantes pululaban por el edificio, gritando amenazas de muerte y abriéndose camino hasta el Senado.
Aquella tarde, la policía tardó casi cuatro horas en restablecer el orden en el Capitolio.
Ya como presidente, Biden calificó el asalto como “una daga en la garganta de Estados Unidos y la democracia estadounidense”.
