Preocupados ante la probabilidad de un incremento en el uso del prejuicio racial y violaciones a los derechos de los inmigrantes, sobre todo indocumentados, más de 100 organizaciones que defienden sus derechos y los derechos civiles, enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, pidiéndole que ponga fin al polémico programa de colaboración federal/estatal denominado 287(g). “La historia de este programa muestra que ha alentado exactamente las formas ilícitas de estereotipos y perfiles raciales que la reciente guía publicada por el Departamento de Justicia (DOJ) busca eliminar”, advierten los firmantes del documento.
Según la nota periodística de Univisión, agregan un reciente informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encontró que al menos el 65% de las agencias participantes en el Programa 287(g) tienen registros de un patrón de discriminación racial y otras violaciones graves de los derechos civiles”, entre ellos agentes estatales y alguaciles ya conocidos “por su retórica explícitamente antiinmigrante y cargada de racismo”. Como es de su conocimiento, el 25 de mayo, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó una guía revisada para las agencias federales encargadas del cumplimiento de la ley sobre el uso de raza, etnia, género, origen nacional, religión, orientación sexual, identidad de género y discapacidad.
La nueva guía, señalan las organizaciones, tiene como objetivo “limitar la elaboración de perfiles por parte de las fuerzas del orden público federales en función de varios estereotipos y, en cambio, alentarlos a emplear ‘prácticas de aplicación de la ley justas e imparciales’”. Con ese fin, advierten, la guía “prohíbe considerar la raza, etnia, género, origen nacional, religión, orientación sexual, identidad de género o estado de discapacidad de una persona a menos que existan condiciones específicas”, así como “el uso de suposiciones o estereotipos generalizados” sobre individuos o grupos que tengan estas características como base para la toma de decisiones de aplicación de la ley”.
Sin embargo, reiteran que en un elevado porcentaje agencias estatales y municipales de policías que participan en el Programa 287(g) han sido acusadas o señaladas de uso de perfil racial en sus procedimientos de captura. El programa 287(g) faculta a las policías locales (estatal, condal y municipal) actuar como agentes del servicio de inmigración en el arresto de extranjeros indocumentados o sin permiso de permanencia legal en el país.
El 287(g) es una sección de la Ley de Inmigración (INA, por su sigla en inglés), vigente desde 1996, que permite al DHS alcanzar acuerdos con las policías locales para controlar la inmigración indocumentada en casos excepcionales. El programa otorga poderes extraordinarios a los agentes locales para verificar el estatus migratorio de los detenidos, aunque sea por delitos menores. Si se descubre que se trata de indocumentados, la policía local los entrega a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y son puestos en proceso de deportación.
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que el Programa 287(g) no garantiza el debido proceso, separa a las familias y en muchos casos las personas deportadas no tienen antecedentes criminales que pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. A mediados de 2002 el entonces secretario de Justicia, John Aschcroft (bajo cuyo mando se encontraba el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-), anunció que activaba la dormida sección y que, además, agregaba a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) los nombres de unos 640,000 indocumentados con orden final de deportación y que decidieron quedarse en Estados Unidos.
La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, no criminal. En la carta enviada a Mayorkas, las más de 100 prganizaciones, entre ellas la ACLU, el Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, la Alianza Negra para la Inmigración Justa, Freedom for Immigrants, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, United We Dream (UWD) y el Southern Poverty Law Center (SPLC), puntualizan que la historia del programa está repleta “exactamente de las formas ilícitas de elaboración de perfiles raciales y estereotipos que la guía del Departamento de Justicia busca eliminar”.
El documento añade que los Acuerdos 287(g) del DHS con alguaciles antiinmigrantes en todo el país “se han convertido en herramientas dañinas de los regímenes de aplicación de la ley que apuntan intencionalmente a los inmigrantes, así como en potentes símbolos políticos para los idealistas de derecha que buscan provocar el sentimiento supremacista blanco y fomentar ánimo antiinmigrante”.
“A través del Programa 287(g), la Administración Biden está empoderando a los alguaciles con antecedentes de racismo, odio contra los inmigrantes y violaciones de los derechos civiles, en contravención directa de sus compromisos de justicia racial”, dijo Naureen Shah, asesora legislativa sénior de la ACLU. “Como candidato, el presidente Biden se comprometió a revertir la expansión masiva de este programa por parte de la administración Trump, pero su administración no ha tomado medidas significativas” hasta ahora, indicó.
Según ICE, a principios de junio de 2023 la agencia tenía Acuerdos 287(g) con 62 agencias de aplicación de la ley en 18 estados cuyos agentes estaban autorizados y certificados para realizar funciones como agentes federales de inmigración (JEM, por sus siglas en inglés). Además, ICE tenía acuerdos WSO con 75 agencias de aplicación de la ley en 11 estados. Los acuerdos WSO otorgaban a los agentes de policía poderes discrecionales más limitados para efectuar órdenes de arresto en acuerdos de cooperación limitados con ICE.
Sin embargo, el grupo de organizaciones que firmó la carta enviada a Mayorkas señala que el número de agencias de policías locales en todo el país que colaboran con ICE en tareas de identificación, detención y deportación de inmigrantes son 138 y señala que, “tal como documentó la ACLU en un informe de abril de 2022, la discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles están perjudicando a las comunidades en muchos de los lugares donde se implementa el programa 287(g)”. El documento también menciona que las colaboraciones de policías locales “reducen la voluntad de los residentes de denunciar delitos o ayudar con las investigaciones, lo que obstaculiza seriamente la capacidad de las fuerzas del orden para realizar su trabajo”.
