México deportará a ciertos inmigrantes de algunas de sus ciudades fronterizas del norte como parte de un acuerdo con funcionarios de inmigración estadounidenses que han informado de un fuerte aumento de inmigrantes que intentan cruzar la frontera en las últimas semanas, según la autoridad de control de inmigración de México, indica la información de Radio Public Texas.
El Instituto Nacional de Migración de México dijo que quiere “despresurizar” las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Piedras Negras, Tijuana y el estado norteño de Tamaulipas, donde un gran número de migrantes han cruzado recientemente la frontera y donde agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense han arrestado a miles de personas a ellos. El instituto no dijo cuándo comenzarán las deportaciones ni cuánto durarán, y agregó que primero negociará con Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para asegurarse de que esos países reciban a sus ciudadanos.
“Cabe señalar que representantes de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) ofrecieron a las autoridades mexicanas toda la asistencia técnica para abordar el tema migratorio en aeropuertos u otros puntos de inspección como trenes para reducir el número de personas que utilizan estas rutas de movilidad”, indicó el dijo el Instituto en un comunicado. El comunicado también dijo que los funcionarios de inmigración mexicanos detendrán a los migrantes que han sido expulsados por Estados Unidos en un puente internacional que conecta El Paso y Juárez.
El acuerdo fue anunciado después de que funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunieran en Juárez el viernes. Del encuentro participaron funcionarios de Ferromex, el operador ferroviario más grande de México; Cientos de migrantes han llegado a la frontera después de subirse a vagones de carga.
“Continuamos trabajando estrechamente con nuestros socios en México para aumentar la seguridad y abordar la migración irregular a lo largo de nuestra frontera compartida”, dijo el comisionado interino de la CBP, Troy A. Miller, quien asistió a la reunión. “Estados Unidos y México siguen comprometidos a detener el flujo de migración irregular impulsado por contrabandistas sin escrúpulos, manteniendo al mismo tiempo el acceso a vías legales”.
La medida se produce mientras Eagle Pass y El Paso se han apresurado a encontrar refugio para los inmigrantes recién llegados, o ayudarlos a conseguir transporte para salir de las ciudades fronterizas, después de que hayan sido procesados y liberados por los funcionarios de inmigración. El sábado, CBP dijo que reabrió un puerto de entrada al tráfico ferroviario y vehicular en Eagle Pass; Los agentes lo habían cerrado el miércoles para ayudar a procesar a los cientos de inmigrantes que esperaban ser procesados debajo del puente.
CBP dijo en un comunicado la semana pasada que “examinó y procesó rápidamente a aproximadamente 2.500 personas bajo custodia y despejó el área” debajo de uno de los puentes internacionales de Eagle Pass el jueves. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr., dijo a CNN que el viernes, agentes de inmigración detuvieron entre 800 y 1.000 migrantes en Eagle Pass.
En agosto, los agentes federales encontraron un promedio de 957 migrantes cada día en el sector de Del Río, que incluye Eagle Pass, según datos del gobierno. A El Paso han llegado más de 2.000 inmigrantes cada día, dijo el alcalde Oscar Leeser en una conferencia de prensa el sábado por la tarde. Eso es casi el doble de los 1.073 encuentros diarios que registró en agosto el sector de El Paso, que incluye Nuevo México, según datos del gobierno.
Hasta el lunes, los agentes de inmigración estaban liberando a 1.200 inmigrantes por día en la ciudad, según el sitio web de la ciudad. Eso representa un aumento de entre 300 y 400 inmigrantes por día hace apenas seis semanas, dijo el alcalde. La ciudad ha llegado a “un punto de quiebre”, dijo Leeser. “Nos estamos preparando para lo desconocido”.
El sábado, la ciudad abrió un refugio desbordado en el Centro Recreativo Nations Tobin con capacidad para 400 personas, dijo el subdirector municipal Mario D’Agostino en la conferencia de prensa. La semana pasada, la junta del Distrito Escolar Independiente de El Paso acordó vender un edificio de escuela secundaria vacío a la ciudad por $3.8 millones para usarlo como refugio desbordado. El ayuntamiento votará sobre la compra el lunes.
Los funcionarios de tres refugios en el centro de El Paso dijeron que las instalaciones están llenas y han tenido que rechazar a hombres solteros para albergar primero a mujeres y niños. Los refugios pueden albergar hasta 450 personas. “Ahora estamos en cifras que ninguno de nosotros había visto jamás”, dijo Blake Barrow, director ejecutivo de Rescue Mission El Paso, durante una conferencia de prensa el viernes.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens, dijo que la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a Eagle Pass la semana pasada fue una táctica del crimen organizado para atraer la atención de los agentes de inmigración a esa región y facilitar el contrabando de drogas a otros lugares de la frontera. “Creo que es una oportunidad de ganar dinero para esos contrabandistas”, dijo durante una entrevista con ABC News, en “Good Morning America”.
En los meses posteriores a que expirara el 11 de mayo la orden sanitaria de emergencia conocida como Título 42, que los funcionarios de inmigración utilizaron para rechazar a muchos inmigrantes en la frontera, el número de detenciones de inmigrantes se redujo drásticamente. Pero en las últimas semanas la cifra se ha disparado.
Según CBS News, que citó datos no publicados del gobierno federal, los funcionarios de inmigración realizaron en promedio 6.900 detenciones por día a lo largo de la frontera sur en los primeros 20 días de septiembre, un aumento del 60% con respecto al promedio diario en julio. Muchos de los migrantes son de Venezuela que huyen del país para escapar de un gobierno autoritario, amenazas de muerte por parte del crimen organizado y una economía colapsada.
La semana pasada, la administración Biden anunció que permitirá que los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos el 31 de julio o antes reciban el estatus de protección temporal, un programa aprobado por el Congreso en 1990 que permite a las personas indocumentadas obtener un permiso de trabajo y diferir la deportación por 18 meses.
