En el mismo día de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, el gobierno mexicano presentaba ayer sus argumentos contra ocho fabricantes de armas del vecino país, a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de sus artículos, que terminan siendo usados por el crimen organizado en México.
Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y quien presentó los argumentos en representación del gobierno de México, se declaró “optimista” de que el juez F. Dennis Saylor, de la corte de Distrito de Boston, Massachusetts, permitirá “continuar a la siguiente etapa en este procedimiento”.
Sin embargo, durante la audiencia, realizada vía video, Saylor cuestionó dos elementos de la argumentación mexicana: por un lado, si permitir que México demande a los fabricantes de armas por considerar que facilitan el tráfico a los cárteles de la droga, y a la delincuencia, sentaría precedente para que otras naciones también demanden, incluyendo a Rusia, por las armas que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania en la guerra en curso.
En segundo lugar, Saylor cuestionó si los alegatos mexicanos significan, también, anular en la práctica las garantías que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLACAA, por sus siglas en inglés) concede, justo ante cualquier eventual demanda contra las armerías.
“Si los ucranianos están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o revólveres Smith & Wesson para defenderse, ¿puede el gobierno de Rusia entrar y decir que nos han causado daño?”, preguntó Saylor. “Quiero decir, ¿por qué no, si tu teoría es correcta?”.
Celorio respondió que lo que México alega es que el caso mexicano es particular, pues las empresas demandadas saben que las armas que fabrican terminan, sistemática y constantemente, en manos de los cárteles y bandas de la delincuencia organizada, y que si aplicaran la ley y sólo vendieran las armas a clientes sin antecedentes criminales, apegados a las normas, no habría los niveles de violencia que vive México.
Sobre PLACAA, subrayó que la ley en Estados Unidos señala que las cortes de este país deben “estar abiertas a demandas de soberanos extranjeros” y, por tanto, no aplica.
Los fabricantes de armas demandados son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc, Witmer Public Safety Group y Sturm, Ruger & Co. Sus abogados consideraron “absurdo” pensar que PLACAA aplica sólo para demandas presentadas en EU, o que se pueda demandar a las empresas por vender armas que son legales en EU a mayoristas que a su vez las venden a minoristas, que son, en todo caso, a quienes las compran delincuentes, o sus enviados.
El juez dijo que evaluará los argumentos. “Si no obtuviéramos una resolución favorable (…) sí recurriríamos a la instancia de apelaciones para solicitar que se revierta la decisión”, advirtió Celorio tras la audiencia.
Señaló además que países como Belice y Antigua y Barbuda, que se sumaron a la figura de “amigo de la corte”, en favor de México en la demanda, han manifestado interés por conocer más el caso, sobre todo porque padecen también del tráfico ilícito de armas proveniente de Estados Unidos.
