Días después de la aprobación de un controvertido proyecto de ley de “entrada ilegal”, el gobierno mexicano está retrocediendo y ideando una estrategia para ayudar a sus ciudadanos. El Director General de Protección Consular y Planificación Estratégica sostuvo una cumbre de dos días en Dallas con funcionarios de los 11 consulados de México ubicados en Texas, informa Radio Public Texas.
Durante esas conversaciones, discutieron cómo los consulados podrían ofrecer asistencia y protección a quienes podrían verse afectados por el Proyecto de Ley Senatorial 4, que el gobernador Greg Abbott ha dicho que promulgará.
Según la legislación propuesta, la entrada ilegal desde un país extranjero se consideraría un delito de Estado. El primer delito se consideraría un delito menor de clase B, pero podría convertirse en un delito grave si una persona fue condenada previamente por entrada ilegal o ha cometido otros actos delictivos.
La legislación también permitiría a un juez o magistrado del condado ordenar el envío de un migrante a un puerto de entrada después de verificar la identificación y el estatus de la persona. Los funcionarios consulares discutieron varios temas durante las reuniones celebradas el jueves y viernes. Entre ellos: Qué hacer si la policía lo detiene o lo arrestan.
Las recomendaciones incluyen declarar que uno quiere permanecer en silencio y no dar su consentimiento para un registro. Los funcionarios del gobierno mexicano también recomiendan que los consulados se reúnan con legisladores y grupos de derechos civiles, así como programar talleres para miembros de la comunidad y distribuir información sobre “conozca y ejerza sus derechos”.
