Menores en el olvido
Scarlet Limón Crump. Consultora y activista
La migración es una expresión de libertad digna de todo ser vivo, un acto natural para garantizar la supervivencia. Para mujeres, hombres e infantes es un acto que obliga a la valentía y la resiliencia, y en muchas ocasiones, la única opción para salir del ciclo de la violencia y la pobreza. Por otro lado, las clases políticas se encuentran indiferentes ante el calvario que pasan los migrantes al enfrentar lo desconocido en busca de una vida mejor; triste ejemplo de lo anterior son los políticos y congresistas mexicanos que en fechas recientes, les fue fácil pasar la página ante la tragedia en Ciudad Juárez o bien, lo usaron de manera efímera para pretender sacar algún rédito político.
Hoy, si hay un rostro olvidado es el de los menores no acompañados. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dio a conocer que entre 2021 y 2023, del total de solicitudes de refugio 23% corresponden a niños, niñas y adolescentes. Apenas en marzo las autoridades mexicanas encontraron a 103 migrantes menores de edad viajando sin acompañantes en la caja de un tráiler en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja, Veracruz.
En México el sexenio está terminando con un cambio de paradigma en su relación con los migrantes pasando de una política centrada en recibimiento y regulación, a un enfoque de penalización donde su memoria selectiva deja en el olvido la primera promesa constitucional que rige al Estado.
Un juego pragmático para EU
Emerson Segura. Periodista y analista político
En 2020 Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos con la promesa de hacer prosperar una ambiciosa reforma migratoria que abriría la ventana a regularizarse a millones de indocumentados así como a los “dreamers” (jóvenes que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad y que son beneficiados por la política creada en 2012 por la administración de Obama, DACA), frente a un Donald Trump responsable de haber radicalizado la Partido Republicano y con una base política abiertamente xenófoba y nativista, receta que le funcionó en 2016.
Hoy, Biden está más lejos de sacar adelante su reforma migratoria tras la pérdida de escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias al mismo tiempo que gobernadores y legisladores republicanos como Greg Abbott, Ron de Santis o Lindsey Graham, no han dudado en exhibir sus pulsiones ultraderechistas con políticas que buscan criminalizar a los migrantes o asociarlos al tema de la violencia e inseguridad.
En la discusión pública, los demócratas son el sector que podría abogar más por políticas migratorias en favor de los derechos humanos, sin embargo, ya sea por impotencia o indolencia, también han sido parte del pragmatismo estadounidense en este tema. Bill Clinton fue quien inició la construcción del muro fronterizo en los noventa como parte de la “Operación Guardián”, Obama, fue el deportador en jefe mientras que Biden, se ha dejado carcomer por la parálisis. En el juego migratorio, el pragmatismo estadounidense no conoce colores ni partidos.
Militarización y criminalización
Raquel López-Portillo Maltos, Asociada Comexi@RaquelLPM
La tragedia de Ciudad Juárez detonó medidas paliativas en un contexto que demanda acciones integrales. La más reciente es el robustecimiento de las facultades de la Guardia Nacional (GN) en materia migratoria, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que sus elementos resguardarán las estaciones migratorias y podrán solicitar documentos o poner a disposición de autoridades a personas extranjeras.
Más allá de que el uso de la GN en materia migratoria va en contra de la naturaleza para la que fue creada, esta resolución, que ya había sido declarada inconstitucional en 2022, resulta problemática. Particularmente, justificar la presencia de la GN al interior de las estaciones al ser “una amenaza al orden público” implica criminalizar a migrantes de facto. Catalogarles como un riesgo para la seguridad convierte potenciales faltas administrativas en delitos.
Ante ello cabe preguntarse: ¿Quién vigilará que las acciones de la GN se subordinen al Instituto Nacional de Migración? ¿Qué pasará si prospera la idea de desaparecer este organismo? ¿Cómo se garantizará la imparcialidad de la GN si la mitad de los institutos locales ya están encabezados por personal del ejército?
La GN acumula más de 600 quejas ante la CNDH por graves violaciones de derechos humanos en la labor de contención de migrantes. Si estos abusos se han cometido a plena luz del día, aterra pensar en lo que ocurrirá a puerta cerrada a cargo de una población particularmente vulnerable. La receta de militarizar todo aquello que no funcione ha demostrado ser inútil y la migración no es la excepción.
La hora de definir posturas
Héctor Cárdenas Rodríguez. Embajador en retiro
La crisis migratoria actual obliga a México a mirarse en el espejo y a definir su postura frente a la migración. ¿Seremos un país que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región mediante una política migratoria moderna, basada en el reconocimiento de los derechos de los migrantes o seguiremos contribuyendo a su sufrimiento?
Es evidente que México enfrenta una encrucijada migratoria debido a varios factores: el crimen organizado y la inestabilidad política en Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela, al tiempo que sufre presiones de los Estados Unidos para frenar la migración. Esta situación nos obliga a considerar la transformación de su política migratoria para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y migrantes en tránsito. En efecto, el aumento de los flujos migratorios hacia México es impulsado por redes de tráfico de personas y reclutamiento forzoso, por parte de pandillas y cárteles, así como por las crisis políticas en los países citados, lo que genera costos importantes para nuestro país y expone a los migrantes a condiciones precarias, a manos de autoridades corruptas y grupos criminales.
México se ha visto presionado por Washington, en particular desde la administración de Donald Trump, para detener los flujos migratorios antes de llegar a su frontera, sin que el actual gobierno haya podido resistir esas presiones, abandonando principios históricos con respecto al derecho de asilo.
Para hacer frente a estos desafíos se requiere un cambio de dirección de su política migratoria: fortalecer la cooperación regional y multilateral en alianza con Estados Unidos y Canadá para abordar las causas de la migración; fortalecer las instituciones democráticas; involucrar a organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el diseño de estrategias migratorias e implementar políticas basadas en el respeto a los derechos humanos. En efecto, la deportación y detención masiva de migrantes viola sus derechos y desestabiliza la región. Un enfoque sensible, como la expansión de programas de asilo, garantizaría la protección y apoyo de los migrantes en tránsito. En consecuencia, es indispensable invertir en la gestión efectiva y sostenible de los flujos migratorios, mejorando la infraestructura y los recursos en las fronteras y capacitando agentes migratorios y cuerpos de seguridad en derechos humanos.
La migración tiene vida propia
Luis Herrera Lasso. Director del Grupo Coppan
Si hacemos un balance de los últimos cuatro años sobre lo que ha sucedido en los flujos migratorios que pasan por México, nos encontramos con que las medidas de contención aplicadas por México y Estados Unidos han sido un fracaso. Si en 2018 las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 500 mil migrantes, en 2022 la cifra se elevó a más de dos millones. En México la evolución fue proporcional: las cifras de detenciones de migrantes pasaron de 100 mil a más de 450 mil.
A pesar de las restricciones adicionales por pandemia, los flujos migratorios provenientes de los países más vulnerables del continente crecieron en forma desmedida. De 2018 a 2022 las detenciones de nacionales haitianos realizadas por la patrulla fronteriza de EUA pasaron de dos mil a 54 mil; de venezolanos, de dos mil a 187 mil; de nicaragüenses, de 13 mil a 164 mil y, de cubanos, de 11 mil a 221 mil. El incremento fue exorbitante. Ahora México acepta la devolución desde Estados Unidos de venezolanos, cubanos, nicaragüense y haitianos.
La muerte de 40 migrantes extranjeros en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo puso en evidencia la pésima gestión del tema por parte de las autoridades mexicanas. El descuido en presupuesto, personal, protocolos y procedimientos, ha puesto como nunca en riesgo la integridad física de los migrantes. Parecería que la migración tiene vida propia frente a la inadecuación e ineficacia de las políticas gubernamentales.
Atención desigual y trato discriminatorio
Guadalupe González González. Internacionalista
La crisis humanitaria que viven a diario migrantes forzados y desplazados internos en México es una entre otras muchas en el mundo. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados estima que alrededor de 90 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por inseguridad, guerra, persecución, desastres naturales y crisis económicas. Viven en condiciones de extrema precariedad, vulnerabilidad y riesgo permanente desde sus lugares de origen, tránsito, destino y retorno.
Los costos humanos son alarmantes. En 2022, siete personas al día murieron en el Mediterráneo en su intento por llegar a Europa, la cifra más elevada desde 2017. En 2022 se rompió el récord de desapariciones de migrantes en el Caribe y de muertes en el paso por la selva del Darién y en la frontera México-Estados Unidos, la zona más letal del continente. Las Américas tiene el récord mundial de trata de personas con fines de explotación sexual.
Mientras el problema se agrava, la atención mundial es desigual y el trato discriminatorio. Los gobiernos han dado prioridad al control de sus fronteras, han sido lentos para abrir vías legales y francamente omisos en la construcción de sistemas de acogida, protección e integración. Cierto tipo de refugiados y migrantes reciben más y mejor atención, mientras que otros son objeto de rechazo, xenofobia y segregación. Pero la gran mayoría están invisibilizados, sin derechos laborales, políticos o jurídicos ni acceso a servicios básicos. Ni la indiferencia ni la contención son ya respuestas aceptables.
