Resumen
• El presidente Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, tanto de quienes cruzan la frontera como de aquellos que ya están en EE.UU., como parte de su campaña, de acuerdo con FOX 9.
• Anteriormente, políticos y agencias policiales de Minnesota habían prometido seguir siendo un “estado santuario” y no cooperar con los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
• Sin embargo, un nuevo proyecto de ley que están considerando los legisladores de Minnesota impediría que los departamentos estatales y locales prohíban a sus empleados compartir datos de inmigración solicitados por ICE y exigiría a los fiscales de condado reportar a las personas indocumentadas arrestadas por delitos violentos, sin importar si son acusadas formalmente.
Cooperación de Minnesota con ICE
Lo que sabemos:
Desde que lo convirtió en una promesa de campaña, el presidente Donald Trump ha insistido en tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal, tanto de quienes cruzan activamente la frontera como de aquellos que ya residen en EE.UU.
Cuatro días después de su investidura, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que “los vuelos de deportación han comenzado”. Desde entonces, varios negocios en Minnesota –desde Rochester hasta St. Louis Park y Duluth– han reportado la detención de empleados por parte de ICE en los últimos meses.
Estos operativos han generado preocupación y ansiedad en las comunidades de inmigrantes indocumentados, con algunos negocios afirmando que sus ingresos han disminuido como resultado.
Nuevo proyecto de ley exige reportes a ICE y el intercambio de información
Detalles clave:
Anteriormente, los políticos y agencias policiales de Minnesota habían declarado que el estado seguiría siendo un “estado santuario” y no cooperaría con los esfuerzos federales de ICE.
Pero bajo el proyecto de ley H.F. 16, patrocinado por el representante Max Rymer (R-North Branch), se prohibiría a las agencias estatales y locales “crear ordenanzas, regulaciones y políticas que limiten o prohíban a los empleados del gobierno comunicarse con funcionarios federales sobre el estatus migratorio de las personas”.
El proyecto también exigiría que colaboren con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración y que el fiscal general Keith Ellison –crítico de estas políticas– y los fiscales de condado investiguen cualquier violación a la normativa.
Declaraciones:
“El motivo de este proyecto de ley es abrir una línea de comunicación entre las autoridades locales y abordar a criminales peligrosos que no deberían estar en nuestra comunidad”, dijo el representante Rymer el miércoles. “Ahora mismo tenemos funcionarios locales que desafían abiertamente la aplicación de las leyes de inmigración, desde el alcalde de Minneapolis hasta el fiscal del condado de Hennepin”.
Además de obligar a las agencias estatales y locales a cooperar con ICE, la legislación exigiría a los fiscales de condado reportar a personas indocumentadas arrestadas por delitos violentos, sin importar si finalmente son acusadas.
“Este proyecto de ley tiene un enfoque específico: estamos hablando de homicidio, asalto, delitos cometidos para una pandilla, robo, secuestro y delitos sexuales”, explicó Rymer.
Varios testigos expresaron su apoyo a la iniciativa, argumentando que es necesario alinearse con los estándares federales sobre inmigración.
Sin embargo, opositores criticaron su amplio alcance, afirmando que podría utilizarse para perseguir a comunidades minoritarias.
“Esta ley hará que todos los residentes de Minnesota sean menos seguros. Las víctimas de violencia doméstica y trata de personas, tanto ciudadanos como no ciudadanos, sufrirán más. No se arriesgarán a llamar a las autoridades locales si temen que sus familias sean separadas o que ellos mismos sean detenidos”, advirtió Ben Gleekel, del Centro de Leyes para Inmigrantes de Minnesota.
El comisionado de Seguridad Comunitaria de Minneapolis, Todd Barnette, también testificó en contra, señalando que la legislación tendría un “impacto negativo profundo en la seguridad de la comunidad”.
“Cuando las comunidades confían en su gobierno local, especialmente en las fuerzas del orden, es más probable que denuncien delitos, cooperen con investigaciones y colaboren con la policía”, explicó Barnette. “Si temen que cualquier interacción con la policía pueda llevar a una deportación, evitarán denunciar delitos, lo que socavará nuestros esfuerzos de seguridad pública”.
¿Qué sigue?
Después de ser presentado el 6 de febrero, el proyecto de ley fue debatido el 12 de marzo en la Comisión de Finanzas y Política de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Minnesota antes de ser enviado a la Comisión de Finanzas de Elecciones y Operaciones de Gobierno para una discusión adicional.
Sin embargo, enfrentará dificultades para ser aprobado en el Senado de Minnesota, liderado por el DFL, y para obtener la firma del gobernador Tim Walz.
Fuente: FOX 9, reportando desde la audiencia de la Comisión de Finanzas y Política de Seguridad Pública de la Cámara el 12 de marzo de 2025.
