Washington.— Acceso limitado al asilo y más de 24 mil agentes en la frontera sur de Estados Unidos son algunas de las medidas con las que el gobierno de Joe Biden busca contener la marea de migrantes que están intentando ya, o lo harán en los próximos días y semanas, llegar al país, al finalizar la aplicación del Título 42.
Esta medida, que bajo el argumento de la pandemia de Covid-19 permite la expulsión exprés de migrantes, dejará de ser válida a las 23:59 (hora del este, 21:59, hora del centro de la Ciudad de México), del 11 de mayo.
En su lugar, se aplicará el Título 8, que no sólo permite expulsar a los migrantes que entren de forma irregular, sino que les prohíbe regresar por cinco años.
“Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es ilegal”, advirtió el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, en sesión con la prensa.
Mayorkas reconoció que EEUU espera “grandes cifras” de arrestos de migrantes “en los días y semanas” siguientes al levantamiento del Título 42. “De hecho, ya estamos viendo cifras altas de detenciones en ciertos sectores” de la frontera.
En las últimas semanas, EEUU ha anunciado una serie de medidas para controlar el flujo migratorio. Washington promulgó ayer una nueva regulación que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42. En concreto, la nueva norma califica como “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos
Además, el DHS inició desde ayer una campaña digital de publicidad en Centroamérica y Sudamérica para contrarrestar “las mentiras de los traficantes con información precisa sobre las leyes de inmigración de EEUU”.
En el río Bravo se han multiplicado los cruces de personas en colchones inflables convertidos en improvisadas lanchas, constataron periodistas de la AFP.
Y una vez en territorio estadounidense cientos de personas acampan con la esperanza de sortear la valla metálica por miedo de que a partir del viernes sea más difícil.
Quienes cruzan se enfrentan con un “muro humano” en la frontera, además del físico:
—Más de 24 mil agentes del orden y otros mil 100 coordinadores de la Patrulla Fronteriza.
—Cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y mil personas encargadas de las llamadas entrevistas “de miedo creíble”, que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
—Eso, a nivel federal. Pero por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo haber desplegado desde hace tiempo 10 mil guardias nacionales de Texas en la frontera para “llenar los vacíos creados por las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden”.
Videos desde Brownsville mostraban ayer a los guardias nacionales impidiendo el paso a los migrantes.
Las autoridades estadounidenses esperan que próximamente los migrantes puedan pedir cita en centros de preselección que abrirán en Guatemala y Colombia. La idea es contar con “100” en toda América Latina y el Caribe, informó un funcionario que pidió el anonimato. Mientras, las familias que sean detenidas cruzando de manera irregular serán monitoreadas con un grillete electrónico y estarán sujetas a un toque de queda.
Además de este “muro”, hay leyes que se están aprobando en estados gobernados por republicanos. En Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó ayer una ley que entra en vigor el 1 de julio. Exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de personas a las que quieran contratar. Los hospitales que aceptan Medicaid deberán recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y el transporte de indocumentados desde otro estado a Florida será delito castigado hasta con 15 años de prisión.
En Texas avanzó al Senado un paquete de leyes que permiten crear una unidad estatal de patrulleros de frontera con autoridad para arrestar indocumentados y aumentan las sanciones penales y las multas contra los migrantes detenidos en el estado.
Del otro lado, congresistas demócratas presentaron a un comité legislativo una iniciativa para ampliar vías legales para entrar y permanecer en EEUU.
