La ministra Norma Lucía Piña Hernández ha sido elegida este lunes como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con este nombramiento, la jueza se ha convertido en la primera mujer en presidir el máximo tribunal de México. En sus primeras palabras como presidenta, Piña ha agradecido a sus compañeros, los otros 10 ministros del pleno de la SCJN, “la congruencia”: “Reconozco la determinación por romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”. En solo tres rondas de votación, Piña ha conseguido los seis votos necesarios. En segundo lugar ha quedado el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cinco. Yasmín Esquivel, envuelta en el escándalo del plagio de tesis, quedó descartada tras la segunda ronda, donde solo alcanzó uno.
Este lunes, la SCJN ha hecho historia. En un país con una inmensa deuda de justicia hacia sus mujeres, el tribunal más importante de México va a estar dirigido por una de ellas. Norma Piña lleva 34 años de carrera judicial y desde el 2015 en la Suprema Corte. Lo adelantó en noviembre en una entrevista antes de que se desvelaran los demás candidatos: “Quiero ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte. Y, si los ministros son congruentes con las resoluciones que han aprobado, deberían votar por una mujer”. Hoy esas palabras se han hecho realidad.
Piña ha dicho, tras recibir el aplauso de sus pares, que asume una doble responsabilidad: por un lado, hacia sus colegas, los ministros, y por otro, hacia las mujeres. “Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento acompañada, respaldada por todas ellas y nosotras. Me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí demostrando que sí podemos. Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de luchar para arrinconar a nuestra cultura patriarcal, honro a las que ya no están”, ha dicho y ha asegurado: “Nos esforzaremos todos los días por crear una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia para las mujeres”.
La llegada de Piña a la cúspide del poder judicial abre a las mujeres una puerta a la que nunca habían tenido acceso. Aunque en estos últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito —que equivale al 50% de las nombradas desde 1995—, ellas siguen siendo solo el 40% de las titulares de los juzgados. Y la brecha se hace todavía más amplia cuanto más se sube en los escalones. Por ejemplo, de los 11 ministros del pleno, solo cuatro son mujeres. Ahora una de ellas va a presidir el tribunal y otra, Yasmín Esquivel, una de las salas de la Corte. Tanto Esquivel como la ministra Loretta Ortiz han felicitado en sus cuentas de Twitter a Piña calificando la decisión de “histórica”.
Una votación de minutos
La votación para renovar la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal —la misma persona ocupa ambos puestos— ha estado precedida por una presión sin antecedentes. La polémica con la ministra Yasmín Esquivel terminó de tensar el período de campaña y negociación. Sin embargo todo se ha resuelto en una rapidísima elección de tan solo unos minutos. En la segunda ronda, los candidatos más apoyados han sido Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuatro votos, y Norma Piña, con tres. Por lo que solo ellos han pasado a la siguiente tanda, mientras han quedado descartados Javier Laynez, que obtuvo dos, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, ambos con solo un voto. En esa última ronda, Piña ha logrado sumar seis, frente a los cinco de Gutiérrez Ortiz.
Piña representa la meritocracia, una cualidad muy valorada dentro del gremio judicial. La ministra es funcionaria de carrera: empezó como secretaria de Estudio y Cuenta en la misma Suprema Corte en 1992, y desde ahí fue escalando —tras una oposición— a jueza en Morelos, después a Ciudad de México en materia administrativa, y en el año 2000 ya se convirtió en magistrada. Quienes la han tratado la definen como una abogada inteligente y sensible.
Es contundente en las discusiones, como por ejemplo la que permitió la despenalización del aborto: “Cuando se trata de violación, permiten el aborto, en cambio, cuando es libre, no lo permiten. ¿A qué voy? Cuando tiene carácter de víctima no lo limitan, en cambio, cuando otorga consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo. Entonces, la norma lo que castiga es la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional”. Y clave en otras, como la que llevó al caso conocido como Laguna del Carpintero a la Corte en 2016 y que permitió a partir de entonces denunciar la violación del derecho a un medio ambiente sano.
Contrapeso a López Obrador
Norma Piña es identificada como el principal contrapeso a Andrés Manuel López Obrador dentro de la Suprema Corte. Votó en contra de la reforma eléctrica, del padrón telefónico y varios temas relacionados con la austeridad del Ejecutivo. Aunque, por ejemplo, dio su voto a favor de la reciente militarización. En total, el periódico Reforma ha calculado que de 18 asuntos claves para el Gobierno de López Obrador, Piña solo ha estado en tres en la misma posición que el presidente, la que menos de todos los ministros.
Piña fue tajante, por ejemplo, en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, la figura legal protegida por el presidente y considerada como inconstitucional por los tribunales internacionales. De hecho, la ministra propusó uno de los proyectos para eliminarla, que no se llegó a discutir, y la definió como “violatoria a los derechos humanos”: “Es incompatible con nuestra propia constitución y con el derecho internacional”.
La relación con el presidente en un factor que marcará el rumbo de los próximos años de la Corte. Especialmente frente a un poder Ejecutivo invasivo en muchas ocasiones. Hoy mismo antes de la votación, López Obrador ha presionado al poder judicial señalando que estaba “secuestrado”.
Los abogados no olvidan que en 2019, el presidente lanzó la advertencia de crear una tercera sala en la Suprema Corte, lo que implicaría el nombramiento de cinco nuevos ministros por su Gobierno y por tanto un mayor control sobre las decisiones, o la conformación de un tribunal constitucional, es decir, de otro órgano por encima de la SCJN. Con ese panorama, el jurista Luis Tapia explicaba la importancia de cuidar las relaciones institucionales ante la posible vuelta de esas amenazas: “Estamos en una guerra de baja intensidad. Tener una buena relación con el Ejecutivo es importante porque al final son poderes que tienen que dialogar”.
