Las aspiraciones independentistas del gobierno escocés recibieron un duro revés este miércoles del Tribunal Supremo de Reino Unido, que ha rechazado por unanimidad que se pueda convocar un referéndum de independencia sin la autorización del Parlamento británico.
El gobierno nacionalista liderado por Nicola Sturgeon había fijado una fecha para celebrar una nueva consulta ciudadana sobre la independencia de Escocia, el 19 de octubre de 2023.
Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que esta cita “tendría consecuencias políticas importantes” y ha concluido que el Parlamento escocés “no tiene potestad para legislar sobre un referéndum de independencia de Escocia”.
La ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), se ha mostrado decepcionada, aunque ha asegurado “respetar” la decisión del Tribunal.
En un mensaje en Twitter, Nicola Sturgeon ha advertido que seguirá peleando para que los escoceses puedan celebrar una consulta: “En una democracia, nuestra voz no puede y no será silenciada”.
A pesar de ello, ahora mismo al independentismo escocés le quedan pocas opciones legales para sacar adelante una consulta si no consigue convencer al gobierno británico. Algo que, al menos a corto plazo, no parece que vaya a suceder.
En su dictamen, el Tribunal Supremo ha considerado que el proyecto de ley que había presentado el parlamento escocés para celebrar un referéndum, está relacionado “con los asuntos reservados”.
Es decir, que la propuesta de plebiscito es una cuestión de índole constitucional y, por lo tanto, forma parte de las competencias reservadas al parlamento británico.
Estas competencias se determinaron en la Ley de Escocia de 1998, por la que se formó el parlamento autónomo de este territorio. Según esta Ley, Holyrood, como se conoce el órgano legislativo escocés, no tiene poder sobre cuestiones constitucionales, como la que atañe a la unión entre Escocia e Inglaterra.
Solo el Parlamento británico puede decidir sobre esta cuestión así que, si no hay acuerdo entre ambos, Holyrood no puede celebrar unilateralmente un plebiscito de independencia.
Rechazo de Londres
El gobierno británico, entonces con Boris Johnson a la cabeza, ya rechazó este año la celebración de otra consulta en Escocia con el argumento de que la que tuvo lugar en 2014 fue el “referéndum de una generación”, y que no ahora “no era el momento” para otro plebiscito.
Pese a la negativa de Londres, Sturgeon puso fecha para esa segunda consulta, pero aseguró que se celebraría de forma legal, de ahí que acudiera al Tribunal Supremo para obtener su opinión.
La convocatoria de un referéndum sin el consentimiento de Londres, del estilo al que se celebró en Cataluña en 2017, nunca ha estado en los planes del gobierno nacionalista escocés.
Pero, si algo está claro después de la decisión del Tribunal Supremo, es que la cuestión independentista escocesa no va a desaparecer, aseguró a la BBC Emily Gray, directora de sondeos de Ipsos Escocia.
“Para los partidos proindependentistas, esto se va a ver como otro bloqueo injusto en el camino de la democracia escocesa”, dijo al programa de la BBC “Politics Scotland”.
En una rueda de prensa tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, Sturgeon aseguró que no piensa arrojar la toalla.
Sin embargo, ¿qué opciones le quedan?
Los planes
Su plan A, conseguir un acuerdo con el gobierno británico para celebrar el referéndum, no ha funcionado, explica el editor político de BBC Escocia, Glen Campbell.
El plan B, es decir, intentar que el Tribunal Supremo lo aceptara, tampoco.
La opción que queda sobre la mesa, la C, es la de usar los próximos comicios generales como si se trataran de un plebiscito de independencia.
Un referéndum legal sigue siendo la opción preferida del independentismo escocés pero, a falta de acuerdo con el gobierno británico, el SNP utilizará las próximas elecciones generales británicas como un “referéndum de facto” para demostrar así que la mayoría de los escoceses, según Sturgeon, apoyan la independencia.
Los “detalles precisos” de cómo se hará esto serán objeto de debate en el partido, señaló la ministra principal, que celebrará un congreso especial el año que viene.
“Debemos (encontrar) y encontraremos otros medios democráticos y legales para que el pueblo escocés exprese si voluntad”, añadió Surgeon.
Sin embargo, no parece que el clima de opinión haya cambiado demasiado en Escocia en los últimos meses.
“Las encuestas de opinión apenas se han movido en este año, los escoceses están divididos por la mitad en cuanto a la independencia”, aseguró Gray.
La mayoría de los escoceses consideran, además, que la única vía legítima para celebrar un referéndum es con el acuerdo de ambos gobiernos, tanto el escocés como el británico.
Escocia ya celebró una primer referéndum en septiembre de 2014 con el beneplácito del gobierno británico. Entonces se dio a los electores escoceses la opción de seguir formando parte de Reino Unido o convertirse en un país independiente.
Un 55% de los electores escoceses votó por seguir siendo parte de Reino Unido.
En aquella ocasión el referéndum pudo celebrarse porque el gobierno británico de David Cameron aceptó trasnferir temporalmente los poderes necesarios para que Holyrood convocara la cita.
Sin embargo, tras el Brexit, que los escoceses votaron mayoritariamente en contra, Sturgeon consideró que las circunstancias habían cambiado, y que Escocia debía tomar las riendas de su futuro.