La Alcaldía de Nueva York, en un paso inédito, pidió a la Corte Suprema de Justicia de ese estado suspender una antigua norma que data de los años 80 y que obliga a la ciudad a proporcionar vivienda a miles de inmigrantes en busca de refugio. En una carta dirigida a la jueza de la corte Suprema de Nueva York Erika Edwards, los abogados de la ciudad pidieron dejar en suspenso temporalmente la obligación de otorgar refugio a cualquiera que lo solicite establecida en el conocido como Decreto Callahan, informa Univisión.com.
De conseguirlo, la ciudad dejaría de facilitar un techo a inmigrantes hombres solteros, pero seguiría atendiendo a unidades familiares que buscan una oportunidad de obtener la protección del gobierno federal de Estados Unidos por medio del asilo. El pedido ocurre en medio de una aguda crisis desatada por la llegada de inmigrantes en los últimos dos años en busca de asilo, procesos que en la mayoría de los casos tardarán años en ser resueltos por los tribunales de inmigración que se encuentran con un atasco que supera los 2.5 millones de casos.
En la misiva enviada a la jueza Edwards, los abogados de la Ciudad de Nueva York detallan que inicialmente solicitaron permiso para pedir ayuda en mayo con el objetivo de atender la crisis. Y que, si bien a partir de entonces la serie de discusiones y conversaciones “han sido productivas”, las actuales circunstancias “requieren que la ciudad solicite permiso para presentar una moción para el alivio urgente”.
“Las circunstancias de esta emergencia han empeorado sensiblemente justo desde mayo”, argumentan los abogados. Y advierten que entre mayo y julio la ciudad “proporcionó una descripción general de los desafíos sin precedentes y extraordinariamente complejos planteados por la histórica y enorme afluencia de personas bajo el cuidado de la Ciudad durante los últimos dieciocho meses”.
“Esta afluencia ha aumentado la población bajo el cuidado de la ciudad de aproximadamente 45,000 el 1 de abril de 2022 a más de 116,700 el 1 de octubre de 2023, un aumento del 159%”, advierte. En la correspondencia se lee además que el ritmo explosivo de ingreso o llegada de nuevos inmigrantes al cuidado de la ciudad “no muestra signos de disminuir”. Por el contrario, más bien los recientes informes sobre puertos de entrada saturados a lo largo de la frontera sur “presagian la posible intensificación de la crisis actual”, agrega.
Y advierte que, de hecho, “la semana pasada, el Estado de Texas reanudó el envío de varios autobuses a la ciudad cada día y, hasta ahora, no ha estado dispuesto a responder a las solicitudes de la ciudad de información sobre números específicos de autobuses que están en ruta, el horario de su llegada prevista y la composición familiar de las personas en los autobuses”. Tras el envío de la carta a la jueza Edwards, el martes, el alcalde Eric Adams declaró que el Acuerdo o Decreto Callahan, la norma que busca dejar en suspenso temporal ante la actual crisis, “nunca tuvo la intención de aplicarse a las circunstancias extraordinarias que enfrenta la ciudad en la actualidad”.
Según Univisión.com, la ciudad de Nueva York ha abierto 61 sitios o refugios adicionales. “Y con más de 122,700 solicitantes de asilo que han pasado por nuestro sistema de admisión desde la primavera de 2022 y unos costos proyectados de más de $12,000 millones de dólares durante tres años, está muy claro que el statu quo no puede continuar”, señaló. “Debemos ser flexibles para responder a esta crisis de manera efectiva y continuar liderando con la compasión y el cuidado que hemos mostrado constantemente a quienes llegan aquí”, dijo el edil. Adams agregó que “para ser muy claros, la ciudad no busca deshacerse del Decreto Callahan”. “Simplemente estamos pidiendo que las obligaciones de la ciudad estén alineadas con las del resto del estado durante los estados de emergencia. Desde hace más de un año, la ciudad de Nueva York ha asumido en gran medida sola la carga de esta crisis nacional”.
“Hemos gastado más de $2,000 millones hasta la fecha y esperamos gastar $5,000 millones para finales de este año fiscal (30 de septiembre) sin una ayuda significativa y oportuna de nuestros socios estatales y federales. Y a lo largo de esta crisis, ni una sola familia con niños se ha visto obligada a dormir en la calle. Pero como hemos dicho repetidamente, con más de 10,000 solicitantes de asilo que siguen llegando cada mes, la ciudad de Nueva York no puede seguir haciendo esto sola”, advirtió. Vigente desde hace más de 40 años, el Decreto Callahan hablaba inicialmente de “hombres” al señalar que la ciudad tenía la obligación de facilitar techo y comida quien lo solicite siempre que cumpliera con ciertos estándares establecidos por el estado y necesitara el refugio temporal por razones físicas, mentales o disfunción social.
El derecho al refugio fue oficialmente ampliado a las familias en 2008 tras un acuerdo entre la ciudad y el estado después de que funcionarios municipales se negaran a aceptar que las familias podían ser beneficiadas por el Decreto Callahan. El decreto indica que la ciudad o ciudades adscritas, proporcionarán refugio en instalaciones operadas de conformidad con las normas establecidas tan pronto como sea posible. El término “instalación de refugio” se refiere a edificios asignados por la ciudad para ser utilizados como albergues.
El documento, además, describe las condiciones mínimas que deben contar las instalaciones, camas donde duermen, sábanas, almohadas, implementos de aseo y horarios de entrada y salida, entre otros. Los abogados de la ciudad indicaron en la carta dirigida a la jueza Edwards que el número diario de adultos solteros que buscan refugio en Nueva York es de “al menos un 50% más que el número diario de adultos solteros que buscaban refugio antes del estado de emergencia declarado por el alcalde Adams”.
También indicaron que, de suspenderse temporalmente la obligación, la ciudad “simplemente tendrá las mismas obligaciones que todas las demás jurisdicciones en todo el estado de Nueva York” y una mayor “flexibilidad en su respuesta a la crisis actual”. Christine Quinn, expresidenta del Concejo Municipal y directora ejecutiva de WIN, una red de refugios para mujeres y niños y que fue citada por el diario The New York Times, dijo que los cambios de política solicitados por los abogados de la Ciudad también podrían afectar a las familias con niños. “Hará que Nueva York caiga por una pendiente resbaladiza que sin duda pondrá en peligro a las familias con niños”, precisó.
