Perú, cuyo presidente izquierdista Pedro Castillo disolvió el miércoles el Parlamento, antes de ser detenido acusado de rebelión el jueves, experimenta reiteradas crisis políticas desde la destitución de Alberto Fujimori en 2000.
El 21 de noviembre de 2000, tras un escándalo de corrupción, el Parlamento destituyó por “incapacidad moral permanente” a Fujimori, presidente desde 1990, quien presentó su renuncia el día antes desde Japón a donde había huido.
Extraditado, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional ordenó su libertad el 17 de marzo de 2022, restableciendo un indulto presidencial que había sido anulado.
En 2003, el presidente centrista Alejandro Toledo declaró el estado de emergencia ante una ola de descontento social. Parte de la oposición y la prensa exigen su salida “por incompetencia”. El gobierno dimite en bloque.
En 2008, el presidente socialdemócrata Alan García aceptó la renuncia del gobierno tras descubrirse un presunto caso de corrupción a favor de la petrolera noruega Discover Petroleum.
El 6 de junio de 2011, Ollanta Humala se convirtió en el primer presidente de izquierda en 36 años. Un año después, los miembros de su gobierno, criticados por su gestión de los conflictos sociales (con saldo de 17 muertos), dimiten.
En 2015, la jefa de Gobierno Ana Jara fue derrocada por una moción de censura, la primera en 50 años, tras un caso de espionaje.
Elegido en 2016, el presidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski pasó a ser investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht con sobornos a políticos a cambio de contratos.
El 21 de marzo de 2018, “PPK” renunció en vísperas de una probable votación parlamentaria para acusarlo formalmente de cara a un juicio de destitución. Fue puesto en prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario.
Ollanta Humala recibió prisión preventiva en 2017, acusado de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht durante su campaña electoral. Acusado en 2019, ha estado en juicio, junto con su esposa, desde el 21 de febrero de 2022.
La líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto, también objeto de una investigación por el caso Odebrecht, fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza. En marzo de 2022, se exigieron en su contra treinta años de prisión.
Sospechoso de un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con el escándalo de Odebrecht, el expresidente Alan García se suicidó en abril de 2019 antes de su arresto.
También sospechoso de corrupción en este escándalo, el expresidente Alejandro Toledo fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y luego puesto bajo prisión domiciliaria tras estar siete meses encarcelado. La justicia estadounidense autorizó su extradición en septiembre de 2021.
En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento controlado por la oposición fujimorista y anunció elecciones legislativas anticipadas.
El Congreso respondió suspendiéndolo por un año y votando para reemplazarlo con el vicepresidente. Pero líderes militares, policías y gobernadores regionales apoyan al presidente. El vicepresidente renunció.
En enero de 2020, los fujimoristas perdieron las elecciones legislativas.
El 9 de noviembre de 2020, el Parlamento destituye a Vizcarra por “incapacidad moral”, en medio de acusaciones de supuestos sobornos recibidos como gobernador en 2014.
El titular del Legislativo, Manuel Merino, se convierte en presidente interino pero renuncia a los cinco días, presionado por las movilizaciones en la calle y la clase política.
El ingeniero Francisco Sagasti, presidente electo del Parlamento, asumió la presidencia interina.
Pedro Castillo, candidato de una coalición de izquierda, ganó las presidenciales de 2021 que lo enfrentaron a Keiko Fujimori.
Sus primeros seis meses en el cargo estuvieron marcados por luchas internas dentro del gobierno y ataques de la derecha radical.
En diciembre de 2021 y luego nuevamente en marzo de 2022, el Congreso, controlado por la oposición, rechazó dos solicitudes de destitución por “incapacidad moral” contra Pedro Castillo, en el poder desde el 28 de julio.
En febrero de 2022, nombró a su cuarto gobierno en seis meses.
En agosto, fue objeto de un total de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, una situación sin precedentes en Perú.
El 11 de octubre, la justicia interpuso recurso de inconstitucionalidad acusándolo del delito de organización criminal de corrupción.
El 7 de diciembre, Pedro Castillo disolvió el Congreso a pocas horas de que se reúniese para debatir una moción para destituirlo. Anunció el establecimiento de un “gobierno de excepción”.
El 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó al presidente izquierdista Pedro Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento.
El 7 de diciembre, el pleno del Congreso juramentó a la vicepresidenta Dina Boluarte como nueva jefa de Estado, en reemplazo del destituido Pedro Castillo, y se convierta, de esa manera, en la primera mujer gobernante de la historia del país.
El 8 de diciembre, el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido tras dar golpe de Estado, en su camino a la embajada mexicana, donde pensaba pedir asilo político.
El 8 de diciembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó siete días de detención preliminar contra el expresidente peruano Pedro Castillo, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de rebelión. La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la que la fiscalía sustentó la necesidad de la medida para asegurar las indagaciones.
agv
