Lima.— El Congreso de Perú destituyó ayer al presidente Pedro Castillo Terrones por “incapacidad moral” y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en un país que padece inestabilidad política crónica.
Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció sorpresivamente que era blanco de “un ataque sin cuartel” por parte del parlamento y anunció su disolución.
“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, dijo el todavía mandatario, con las manos temblorosas. Pidió “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. También ordenó un toque de queda a nivel nacional desde anoche, que el nuevo gobierno invalidó.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la policía no apoyaron a Castillo. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Al anuncio le siguió una andanada de renuncias, incluyendo la del jefe del ejército Walter Córdova, su primera ministro Betssy Chávez, el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.
Incluso, la vicepresidenta Dina Boluarte denunció la intentona golpista y llamó a restablecer el orden constitucional.
La oposición adelantó que la disolución del Congreso era ilegal, pues no cumplía con un requisito clave que marca la ley: el artículo 134 indica que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso “si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, cosa que no sucedió.
Los congresistas se reunieron y decidieron seguir adelante con la votación sobre si destituir o no a Castillo por “incapacidad moral”. La destitución del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.
Tras la destitución, el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, calificó rápidamente a Castillo de “expresidente” y estimó que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas” de acuerdo con las reglas democráticas.
“Rechazaremos categóricamente cualquier acto que contravenga (…) cualquier Constitución, cualquier acto que socave la democracia en ese país”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Horas después, Boluarte juró el cargo de presidenta de Perú, la primera mujer en la historia del país en tener esa posición.
Boluarte debería cumplir el periodo presidencial que tenía Castillo, hasta el 26 de julio de 2026, aunque algunos sectores están pidiendo que se anticipen las elecciones.
En su primer discurso como presidenta, Boluarte, de 60 años, hizo un llamado al diálogo y a la unidad nacional. “Se ha producido un intento de golpe de Estado…. que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación…. es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”, sostuvo. Aseguró que su prioridad será “seguir acortando las brechas de la pobreza y el hambre, pero también buscar el desarrollo del país”.
Los peruanos salieron a las calles para manifestarse a favor y en contra de Castillo, maestro y sindicalista magisterial. Frente a la Embajada de México en Lima se instaló un bloqueo, en un afán de evitar que el ahora exmandatario pidiera asilo.
Finalmente, la policía informó que Castillo se encontraba en calidad de detenido. Poco después, la fiscalía dijo que se le investiga de forma preliminar por los delitos de rebelión y conspiración, en agravio del Estado. “La democracia debe respetarse”, señaló la fiscal Marita Barreto, quien participó en la detención.
En el local policial Castillo, vestido con casaca azul, estaba acompañado por el exjefe de gabinete Aníbal Torres, uno de sus más cercanos aliados. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, participó en la detención.
El delito de rebelión prevé una pena de entre 10 y 20 años. Sobre Castillo pesan, además, otras cinco investigaciones: cuatro por corrupción y una por presunto plagio en su tesis de maestría.
Josef Zielinski, abogado y politólogo peruano, afirmó que la destitución de Castillo fue resultado de “errores” que cometió el mandatario y que lo hundieron “en una espiral de debilidad e ilegitimidad. Esto se debe no sólo a los escándalos de corrupción que rodean su gestión y en los que él se encuentra involucrado como principal sospechoso, sino principalmente por su manifiesta y supina incapacidad de gestión”.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una reunión de último momento para analizar la situación en Perú, en la que varios Estados miembros expresaron su preocupación y pidieron respeto a las instituciones democráticas.
Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
Las autoridades peruanas están haciendo llamados a la calma, pero simpatizantes y detractores se mantenían anoche en las calles. Algunos se reunieron afuera del centro donde está Castillo, y se enfrentaron.
