Por Inder Bugarin
Bruselas.— El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, advierte que habrá una “ruptura definitiva” entre la clase política y la ciudadanía peruana si los representantes de gobierno continúan ignorando los reclamos del pueblo ante la crisis democrática.
“Si no se escucha esa demanda, si no se hacen reformas, si no se toman medidas, se va a romper definitivamente el vínculo entre los representantes políticos y la sociedad”, alertó Borrell ante el plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
“Es momento de evitar cortoplacismos tácticos y juegos de poder y pensar en el futuro del pueblo peruano”, dijo. El jefe de la diplomacia europea también llamó a no caer en la tentación de reemplazar la política y el orden por la violencia y la fuerza.
Insistió en la urgencia de crear condiciones para un diálogo constructivo entre gobierno, sociedad civil y las comunidades afectadas. Las declaraciones de Borrell tuvieron lugar en una sesión convocada por la Eurocámara para examinar la crisis en Perú y el papel a desempeñar por la UE como tercer socio comercial de la nación andina.
Durante las intervenciones, los eurodiputados condenaron la ola de represión desatada tras el autogolpe de Pedro Castillo que culminó en su destitución como presidente, al tiempo que pidieron una investigación imparcial para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 67 personas han fallecido durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, al tiempo que reporta mil 300 heridos.
“Los actos de represión violenta, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de manifestantes no deben quedar impunes”, afirmó el eurodiputado Jordi Solé, del Grupo de los Verdes. Los eurodiputados también denunciaron un clima de acoso contra defensores de derechos humanos y periodistas por parte de “determinados grupos”.
La eurodiputada socialista Isabel Santos insistió en que la situación por la que pasa Perú es sólo “la punta del iceberg” de una enorme crisis que lleva décadas asolando el país y que tiene de fondo la revuelta del pueblo contra una corrupción endémica, la desigualdad, la pobreza estructural, el centralismo de Lima y el abandono generalizado por parte de una élite política que el pueblo detesta.
“Ese es el problema al que hay que hacer frente con toda claridad. La violencia no puede seguir estando amparada por la impunidad que alimenta la desconfianza de la población respecto a las instituciones”, afirmó.
Los representantes de las fuerzas políticas europeas llamaron a Bruselas a jugar un papel activo en la promoción del diálogo entre todos los sectores involucrados para una salida consensuada. Insistieron en que sólo con elecciones anticipadas bajo observación internacional podrá romperse el punto muerto en el que se encuentra el país. El Congreso mantiene freno a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte Zegarra de celebrar elecciones este año. Por lo pronto, continúa en el calendario la fecha de abril de 2024.
“Adelantar las elecciones a este año, que ha sido una de las principales demandas de las protestas, hubiera, sin duda, servido para aliviar las tensiones y comenzar a restaurar la confianza en las instituciones democráticas”, afirma Borrell.
“Hay que reconocer que las elecciones no son la solución maravillosa y milagrosa a todos los problemas, pero parece ser la condición necesaria para que a través de medidas consensuadas a más largo plazo se pueda mejorar la gobernabilidad y la cohesión social”. Reiteró que la crisis en Perú es principalmente una de bajo nivel de confianza de la sociedad en sus líderes políticos y en la capacidad de las instituciones para representarlos.
Un informe del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, elaborado por Marc Jütten, sostiene que la situación política en Perú está impactando en las relaciones con sus vecinos regionales. Pone como ejemplo la fricción con México, que denunció la destitución y detención de Pedro Castillo, quien fuera presidente hasta el 7 de diciembre.
“Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciara que su país había otorgado asilo a la familia de Castillo, se generó un incidente diplomático entre ambos países. Perú declaró al embajador de México en Lima persona non grata y le ordenó salir del país”, señala el documento. En febrero pasado, continúa, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la entrega anticipada de la dirección rotativa de la Alianza del Pacífico a la presidenta Boluarte, asegurando que no quería “legitimar un golpe”.
