“Quienes creen que es imposible que Putin sea detenido por los actos cometidos en Ucrania no entienden la historia”, aseguró Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). La frase es una advertencia clara: Putin sí puede ser arrestado.

El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Y ayer emitió una orden de detención contra el presidente ruso como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal conocido como Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de este tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación por posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en el conflicto con Ucrania.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan por lo que el procesamiento del jefe del Kremlin es posible.

Además, que Rusia no sea miembro de ese tribunal no impide que su presidente sea detenido: es que los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a ejecutar los mandatos de detención contra Putin y María Lvova-Belova.

De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 18 son de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados.

La Corte no cuenta con un cuerpo policial propio así que depende de la cooperación internacional, pero si Putin o su funcionaria viajan o sobrevuelan cualquiera de estos 123 países deberían ser arrestados.

Tras la orden, Putin queda prácticamente ailsado. Si bien el desde la pandemia no realiza grandes giras mundiales y acotó sus travesías a territorios cercanos -y amigos- ahora el mundo se le achica cada vez más.

Desde que lanzó su invasión, sólo visitó Biolerrusia, Tayikistán, Turkmenistán e Irán. De estos destinos -todos amigables siguiendo la narrativa del Kremlin- el único que ratificó el Estatuto de Roma es Tayikistán.

El listado completo donde Putin podría ser detenido:

Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Antigua y Barbuda
Argentina
Australia
Austria
Bangladés
Barbados
Belice
Benín
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Canadá
Chad
Chile
Chipre
Colombia
Comoras
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Honduras
Hungría
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Marshall
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Kiribati
Lesoto
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Madagascar
Malaui
Maldivas
Malta
Malí
Mauricio
Moldavia
Mongolia
Montenegro
México
Namibia
Nauru
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Níger
Palestina
Panamá
Paraguay
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República del Congo
República Democrática del Congo
República Dominicana
Rumania
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Surinam
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Trinidad y Tobago
Túnez
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Yibuti
Zambia

Secuestro de niños
Se le acusa de secuestrar niño de los territorios ocupados en Ucrania y trasladarlos ilegalmente a Rusia

El tribunal entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

Dijo que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

En diálogo con Infobae, Daria Herasymchuk, la elegida de Zelensky para recuperar a los menores robados por Rusia, reveló que hay cinco escenarios donde se producen esos secuestros de menores.

El primer escenario se da cuando ya han matado a los padres y, ya huérfanos, se los llevan.

El segundo escenario es cuando las familias pasan por centros de filtración en la frontera, ahí separan a los padres de los niños y se los llevan.

El tercer escenario es cuando ocupan una ciudad, dicen que son la autoridad e inventan leyes a partir de las cuales les quitan los hijos a los padres diciendo que los chicos no pueden vivir en esas condiciones, y se los llevan.

El cuarto caso es cuando inventan campos de rehabilitación, toman a los chicos de las casas y se los llevan a esos supuestos campos, pero para eso obligan a los padres a firmar un permiso. Esto justamente pasó en Kharkiv, en Kherson, en varias zonas. Es uno de los métodos que más usaron. Y lo que hacen una vez que los llevan es empezar a trasladarlos de un campo de rehabilitación a otro, todos en Rusia. De este modo, nunca vuelven…

Y la última forma que tienen de apropiar niños es cuando directamente los toman de los orfanatos.

Los números no están claros pero hasta las versiones más prudentes son espeluznantes. Las fuentes oficiales ucranianas hablan de que hay 16 mil niños confirmados que fueron robados por Rusia y están ahora en ese país. De ellos, hasta el cierre de esta nota solo habían logrado recuperar 307, pero hay negociaciones permanentes (y secretas) lideradas por Daria.

El Gobierno de Volodymir Zelensky, las potencias occidentales y los organismos de derechos humanos acusan a las tropas de Putin de haber cometido al menos 22 de los crímenes y violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales que aparecen en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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