El viernes la Casa Blanca anunció que Biden envió una solicitud al Congreso para que ambas cámaras aprueben una partida presupuestaria urgente de más de $100,000 millones que incluye una asistencia de $14,300 millones para Israel y un nuevo paquete de financiamiento para Ucrania por $61,400 millones. Según Univisión.com, el pedido hecho por la Administración también contempla unos $14,000 millones para gastos en la frontera con México, entre ellos contratación de nuevos agentes federales, combate al narcotráfico y el tráfico de personas, deportaciones y compra de tecnología de avanzada para aumentar la vigilancia en los puertos de entrada.
En el documento de la Casa Blanca se especifica que “unos 1,300 agentes de la patrulla fronteriza adicionales trabajarán junto con los 20,200 agentes ya financiados en el presupuesto del año fiscal 2024”. Sin embargo, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles han alzado su voz y pidieron al presidente Joe Biden que los fondos solicitados al Congreso con carácter de urgencia para ir en ayuda de Israel y Ucrania, dentro de los cuales se incluye una partida presupuestaria adicional para la frontera sur, no solo se destine en asuntos de seguridad nacional y deportaciones, sino también para restaurar el proceso de asilo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una vez conocido los detalles de la solicitud, dijo que partes de este financiamiento de $14.000 millones para la frontera deberían “apoyar los servicios humanitarios y en otras ciudades fronterizas que trabajan para recibir migrantes”. También pidió al gobierno invertir en la reducción de los “retrasos en los permisos de autorización de empleo para migrantes y solicitantes de asilo”, atasco que bordea las 500,000 solicitudes hechas a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) por medio del formulario I-765.
ACLU dijo que la solicitud complementaria “también describe una financiación significativa para agentes de la patrulla fronteriza adicionales y la ampliación de la detención de inmigrantes”, una preocupación constante que amenaza con debilitar aún más el debido proceso migratorio. “La administración Biden tiene razón al solicitar apoyo para las comunidades que reciben inmigrantes y contratar más funcionarios de asilo y jueces de inmigración”, dijo Maribel Hernández Rivera, directora de política y asuntos gubernamentales de ACLU.
Si se implementan adecuadamente, “estos fondos podrían brindar la asistencia que tanto necesitan las ciudades y los estados. Pero es absolutamente incorrecto combinar estas soluciones con aumentos en los fondos para la Patrulla Fronteriza y la detención de inmigrantes que pondrán a las personas en grave riesgo de sufrir un trato inhumano y abusivo”, agregó.
Hernández dijo además que “la solicitud suplementaria invertiría miles de millones en los presupuestos ya inflados de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, esta última “con una larga historia de discriminación racial y abuso de niños y familias con las que se encuentra”.
“Simplemente no existe una base lógica para canalizar miles de millones de dólares adicionales de los contribuyentes para arrestar, detener y deportar a personas que buscan seguridad”, precisó. America’s Voice advirtió que los fondos solicitados por el gobierno de Biden al Congreso para destinarlos en la frontera no deberían sólo ser utilizados para reprimir, sino para mejorar la capacidad de respuesta de las agencias federales que participan en el debido proceso migratorio.
“La solicitud de presupuesto suplementario del presidente Biden supone muchas inversiones sensatas en nuestra infraestructura fronteriza y de procesamiento de asilo que ayudarán a Estados Unidos a gestionar la creciente migración forzada de personas en todo el continente americano y más allá”, dijo la organización.
Pero indicó que “desafortunadamente también incluye cierta financiación para enfoques exclusivamente de disuasión que sabemos que no funcionan. Aun así, es un contraste bienvenido con los republicanos de la Cámara de Representantes, cuyas únicas propuestas sobre inmigración implican crueldad, disuasión, construcción de muros y deportación de personas, cuando no están peleando entre ellos o cerrando las funciones del gobierno”.
El presidente está invirtiendo en “una estrategia de migración regional centrada en la aplicación de la ley, la diplomacia y las vías legales y la autorización de trabajo”, precisó America’s Voice, política que le cierra la puerta a la inmigración indocumentada y afecta la política de asilo vigente aprobada por el Congreso.
“Nuestro enfoque siempre debe estar en cómo gestionar la migración de una manera que funcione para el pueblo estadounidense y sea consistente con nuestros valores. El presidente está proponiendo algunas cosas que no creemos que funcionen, pero en general, creemos que está haciendo avanzar la pelota de manera importante”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización.
