El gobierno de Joe Biden anunció este martes que dejaba sin efecto las terminaciones de los Programas de Proteccion Temporal (TPS) de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua decretadas por el gobierno anterior y que otorgaba una renovación por otros 18 meses para proteger de la deportación de unos 337,000 inmigramtes indocumentados. Según Univisión.com, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que las acciones anunciadas hoy “son relevantes para el litigio que impugna las terminaciones ahora rescindidas”.
De acuerdo con el anuncio del DHS, la ampliación del TPS para El Salvador rige desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025. El TPS de Honduras fue ampliado desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025, mientras que la ampliación del TPS de Nepal rige desde el 25 de diciembre de 2023 hasta el 24 de junio de 2025. El amparo para Nicaragua rige desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025.
Poco antes del anuncio oficial, Univision Noticias reportó que la Casa Blanca extendería los TPS de tres países centroamericanos y uno de Asia como parte de los esfuerzos de la administración de Joe Biden para proteger de la deportación a unos 337,000 indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas en Estados Unidos.
“Ya fuimos notificados que el gobierno extenderá las protecciones de los TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización CASA de Maryland y quien se encontraba este martes en el interior de la Casa Blanca en un evento al que asisten hijos estadounidenses de titulares del programa.
“Definitivamente es lamentable que el gobierno solo haya extendido las protecciones de los TPS originales y no haya emitido nuevos, para de esa forma cambiar la fecha de registro y permitir que más personas sean protegidas de la deportación”, agregó el activista. CASA de Maryland señaló que los cuatro TPS en cuestión protegen de la deportación a unos 337,000 inmigrantes indocumentados “a quienes en 2018 el expresidente Donald Trump les quitó los amparos (para) expulsarlos del país”.
Los programas siguen vigentes tras el fallo de un tribunal que consideró “arbitrarias” y “caprichosas” y bloqueó las cancelaciones ordenadas por el entonces gobierno de Trump, argumentando no se hicieron conforme la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellas CASA de Maryland, y legisladores del Caucus Hispano del Congreso le habían pedido la semana pasada a Biden que emitiera nuevos TPS e incluyera a Venezuela, para que al mover la fecha de registro a junio de 2023 protegiera de la deportación a por lo menos 1.7 millones de indocumentados.
La cadena de noticias CBS, citando a dos funcionarios federales, también dijo que el anuncio de las extensiones se hará este martes. La semana pasada, miembros del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteraron a Biden que use su poder Ejecutivo para extender y ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cinco países: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Nepal ante el riesgo de que sean cancelados por orden judicial.
El jueves, un grupo de representantes del Caucus junto con activistas e inmigrantes sin estatus legal de permanencia en el país que claman ser autorizados para inscribirse en el programa humanitario, llevaron a cabo una conferencia de prensa en las afueras del Capitolio para pedirle a la Casa Blanca que sus reclamos sean escuchados.
La urgencia obedece a que la próxima semana iniciarán las audiencias de un juicio resultado de una apelación presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tras la impugnación de un controvertido fallo emitido por ese tribunal. La demanda original fue presentada en 2018 después de que el expresidente Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, Nepal y Honduras.
A través de la demanda, titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa, hechas por el gobierno de Trump, eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”. Sin embargo, un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el 9º Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó la ACLU en ese momento.
En febrero de este año, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anunció que revisaría el caso presentado en 2018. El tribunal “concedió una petición de nueva audiencia en pleno presentada por los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses en el caso Ramos v. Mayorkas”, dijo la ACLU en un comunicado. “El 9º Circuito desestimó una decisión anterior de un panel de tres jueces”, agregó. El proceso legal tiene a miles de familias en vilo.
