En Estados Unidos, el país de las libertades individuales, el anuncio del presidente demócrata Joe Biden de que la vacuna anticovid será obligatoria para dos tercios de los trabajadores ha desatado indignación entre los republicanos, que pretenden lanzar una demanda contra el gobierno.
“Esto parece una dictadura”, dijeron los republicanos de la Cámara de Representantes, cuando Binden ni siquiera había terminado su discurso el jueves.
El presidente demócrata decía: “Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando”.
Tras meses intentando convencer a los estadounidenses de que se vacunen, incluso con recompensas, el mandatario adoptó un tono claramente diferente para anunciar su nueva “estrategia”: hacer obligatoria la vacunación para unos 100 millones de estadounidenses.
“Todos hemos tenido que pagar por vuestra negativa”, aseguró, refiriéndose a los 80 millones de estadounidenses que aún no están vacunados, es decir, el 25% de la población.
El viernes, la avalancha de reacciones indignadas de los conservadores que apelaban a la “libertad” y amenazaban con acciones legales seguía creciendo.
“Las últimas noticias dicen que vivimos en un país libre”, protestó el expresidente Donald Trump en un correo electrónico para recaudar fondos.
Se trata de un “ataque a la empresa privada”, reaccionó en tanto el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, al anunciar que firmó una orden ejecutiva para “proteger el derecho de los texanos a elegir vacunarse contra el covid”.
“Nos vemos en los tribunales”, le dijo a Biden el gobernador conservador de Dakota del Sur.
El Partido Republicano “demandará a esta administración para proteger a los estadounidenses y sus libertades”, dijo la presidenta del partido, Ronna McDaniel.
Al igual que ella, muchos republicanos dicen apoyar la vacuna, pero están en contra de la vacunación obligatoria. Otros son escépticos a las vacunas.
Y el nuevo tono de Biden parece haber atizado las reacciones de estos sectores.
Esa “no es la forma en que los estadounidenses esperan que sus funcionarios electos les hablen”, dijo el viernes el ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, en Fox News.
Alimentada desde el verano boreal por la variante delta del coronavirus, la pandemia ha matado ya a 650.000 personas en Estados Unidos.
Ante este resurgimiento, el presidente firmó el jueves una orden ejecutiva que obligará a los empleados del gobierno a vacunarse en las próximas semanas, sin la opción de someterse a pruebas periódicas.
La orden también se aplica a los empleados de los contratistas, personal de las residencias de ancianos y escuelas que dependen del gobierno federal.
Más controvertido aún en un país donde el gobierno central es visto con recelo por los conservadores, el decreto se salta el poder Legislativo y la autoridad de los estados en materia de sanidad, y se aplica también al sector privado.
A partir de ahora, los empleados de empresas con más de 100 trabajadores estarán obligados a vacunarse o a someterse a una prueba de detección semanal.
– Batalla jurídica –
De su lado, los demócratas y defensores de las nuevas medidas argumentan que otras vacunas ya son obligatorias en Estados Unidos.
También citan la jurisprudencia y las decisiones de la Suprema Corte, incluida una de 1905 que falló en contra de un estadounidense que se negó a ser vacunado contra la viruela.
Pero esa decisión se aplicó al poder estatal, no al federal. Y la cuestión ahora será si la Casa Blanca puede imponer este requisito por orden ejecutiva.
La batalla jurídica podría ser feroz.
Las demandas del Partido Republicano “son frívolas”, dijo en Twitter Lawrence Gostin, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown.
Y el lobby Business Roundtable, que representa a las mayores empresas de Estados Unidos, “saludó” la política de Biden sobre el virus.
Consultado el viernes por las amenazas republicanas de demandar, Biden se mostró reivindicativo: “Que lo intenten”, dijo, y afirmó que estaba “especialmente decepcionado por el hecho de que algunos gobernadores republicanos hayan actuado con tanta ligereza con la salud de los niños”.
“No deberíamos estar condenados a este debate político”, zanó.
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