El 2 de junio Alberto Elías Restrepo Arias, alias “Hormiga”, un temido integrante de la banda colombiana ‘los descuartizadores’ que está condenado a 60 años de cárcel por varios homicidios y desapariciones forzadas en Córdoba y Antioquia, estaba citado ante un juzgado de Montería para responder por el crimen de otras cuatro personas; nunca llegó. Y eso prendió la alertas de la Fiscalía de Colombia.
El diario “El Tiempo” estableció que tras la no asistencia del peligroso delincuente a la audiencia los investigadores del ente acusador se comunicaron con el Inpec, estableciendo que el hombre había salido caminando por la puerta de la cárcel La Picota de Bogotá, en donde se encontraba privado de la libertad.
Eso no fue lo peor. Según la información oficial, la fuga de Hormiga se produjo a mediados del año pasado por una orden de libertad inmediata emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín. Con esa decisión, el coronel Carlos Hernán Camacho, que era el director del penal, y la asesora jurídica Claudia Marcela Ramírez Moreno, emitieron los actos administrativos que llevaron a la libertad del condenado.
Por los hechos la Fiscalía ya adelanta investigaciones penales para establecer las responsabilidades en la liberación del condenado, y el Inpec señaló que abrió un proceso disciplinario interno.
Las sospechas
Fuentes cercanas al caso señalaron que en el folio de vida del condenado no aparecía la boleta de libertad supuestamente emitida por el juez de Antioquia con la que “Hormiga” quedó libre, y tampoco figuraba la sentencia en su contra de abril de 2019 que le impuso un juzgado de Sincelejo y que quedó en firme en segunda instancia en el Tribunal Superior de ese departamento.
El juzgado señaló que en su momento notificó a los encargados de la cárcel La Modelo, en donde estuvo el procesado antes de ser llevado a La Picota, de la condena por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir.
Además, a pesar de que la sentencia quedó en firme en segunda instancia en octubre de 2020, no aparecía el antecedente en el registro de sanciones e inhabilidades SIRI de la Procuraduría General de la Nación.
Igualmente, las fuentes señalaron que en la cartilla biográfica del condenado aparece el caso por el que fue sentenciado como inactivo, a pesar de que en ese radicado había cito citado a varias audiencias de juicio ante el juzgado de Sincelejo.
Ahora los investigadores tendrán que determinar las razones por las que no aparece actualizada la información del condenado en La Modelo y por qué eso se mantuvo en La Picota, hechos que jugaron para favorecer la libertad del peligroso delincuente.
El Tiempo consultó al Inpec sobre lo sucedido y fuentes oficiales señalaron: “una vez llega la notificación de que al parecer hubo una irregularidad con el caso, se inició una investigación y se compulsó copias a la Fiscalía en dos sentidos: uno a la Fiscalía para que haga el análisis de lo propio, si realmente hubo favorecimiento en la fuga de presos; e interno del Inpec para ver si hubo fallas de funcionarios”.
Añadieron que la boleta de libertad era verídica, por vencimiento de términos, otorgada por un juez. “Lo que argumenta la oficina jurídica de la cárcel es que el procedimiento se hizo en ese momento y no tenía ningún requerimiento. Lo que argumenta el juzgado es que realmente tenía la condena y ellos nunca hicieron la notificación del caso. Eso es lo que se está investigando, esperamos lo más pronto posible avanzar y tomar las medidas pertinentes en caso de determinar si hubo una falla humana en el procedimiento”, indicaron los voceros del Inpec.
Asesinados, cortados y enterrados
Restrepo Arias, según la investigación, hacía parte de redes criminales que delinquen en Medellín e integró las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizándose en 2006 como parte de las negociaciones con los paramilitares.
A pesar de sus compromisos, siguió delinquiendo y terminó vinculado al ‘Clan del Golfo’, quedando bajo el mando de Jhon Edison Hincapie, alias don Tomas, jefe de ‘los descuartizadores’, cuyas víctimas después de ser asesinadas eran cortadas y luego enterradas en zonas rurales.
En su momento, la Fiscalía destacó las condenas contra los integrantes de la red de ‘los descuartizadores’ por ser unas de las más altas impuestas por la justicia. En documentos de las autoridades se señala que ‘los Descuartizadores’ estaban al servicio del ‘clan del Golfo’ y participaron en varios homicidios ocurridos entre 2009 y 2010.
“Las evidencias permitieron conocer que la red criminal asesinó, desmembró y sepultó a cinco personas en una finca ubicada en la vía Montería (Córdoba) – Arboletes (Antioquia). Los asesinatos fueron ordenados porque en el ‘clan del Golfo’ creían que las víctimas hacían parte de la organización delincuencial conocida en su momento como ‘los Paisas’, con la que sostenían una violenta disputa por el control de las rutas de narcotráfico”, señaló el ente acusador en su momento.
