Un juez federal de Texas confirmó una pieza clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que permite que un número limitado de inmigrantes de cuatro países ingresen a Estados Unidos por motivos humanitarios, desestimando un desafío de los republicanos, que manifestaron que el programa creaba una carga económica para ellos.
Según Fox News Texas, el juez de distrito estadounidense Drew B. Tipton en Victoria, Texas, falló a favor del programa de libertad condicional humanitaria que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30.000 solicitantes de asilo cada mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados. Eliminar el programa socavaría una política más amplia que busca alentar a los migrantes a utilizar las vías preferidas de la administración Biden para ingresar a Estados Unidos o enfrentar duras consecuencias.
Los migrantes que cruzaron el Río Grande y entraron a los EE. UU. desde México están haciendo fila para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU., el sábado 23 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. Un juez federal en Texas confirmó el viernes 8 de marzo de 2024 una pieza clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que permite que un número limitado de inmigrantes de cuatro países ingresen a Estados Unidos por motivos humanitarios, desestimando un desafío de los estados liderados por los republicanos que dijo que el programa creaba una carga económica para ellos.
Texas y otros 20 estados que demandaron argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública para los migrantes. Un abogado que trabaja con la oficina del fiscal general de Texas en el desafío legal dijo que el programa “creó un sistema de inmigración en la sombra”.
Los defensores del gobierno federal respondieron que los inmigrantes admitidos a través de esta política ayudaron a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos. Parecía probable una apelación. Tipton es una persona designada por el expresidente Donald Trump, quien falló en contra de la administración Biden en 2022 con una orden que determinaba a quién dar prioridad para la deportación.
