Por José Meléndez
San José.— Con un nudo de política y corrupción y una rosca de dólares y violencia, México y Guatemala forjaron una íntima y robusta relación de siameses en el crimen organizado transnacional, regional, nacional y local, con la mira puesta en la gigantesca —y lucrativa— demanda de Estados Unidos de drogas y de mano de obra barata.
Cuando los guatemaltecos fueron convocados en enero de este año a acudir hoy a las urnas para elegir a los jerarcas de tres de los principales poderes —Ejecutivo, Legislativo y Municipal— de Guatemala, las mafias mexicanas y guatemaltecas encendieron sus luces de alerta para afianzar y preservar sus influencias… con plata y plomo.
Un signo de interrogación carcome el contexto guatemalteco en su fiesta electoral. ¿Cuántos millones de dólares aportaron los cárteles mexicanos —en especial el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación— y sus contrapartes guatemaltecas para financiar partidos políticos y candidatos a los más variados cargos de elección popular y garantizarse favor, silencio y privilegios para seguir en sus actividades?}
De sur a norte, un persistente flujo de migrantes irregulares, fentanilo, precursores químicos, heroína, cocaína, marihuana, hoja de coca, amapola o cannabis lubrica las operaciones de las redes criminales de Guatemala a México en ruta hacia EEUU como gigantesco mercado mundial de consumo o bazar de transacciones finales.
En ambas vías, un cruce de sicarios, armas de fuego y municiones atiza un universo de mutuas complicidades políticas, militares, policiales, judiciales, empresariales y financieras, en un nexo con los cárteles y redes delincuenciales criollas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Centroamérica, Europa y Asia.
Las mafias de ambos países operan, compiten, disputan, pelean, combaten o comparten los trillos del contrabando internacional de mercancías lícitas e ilícitas entre México y Guatemala: desde papel higiénico y detergentes hasta medicinas o cervezas, pasando por narcóticos ya terminados y materias primas para producir drogas sintéticas en el lado mexicano.
Guatemala aportó como estratégico productor de amapola, una materia prima que los campesinos guatemaltecos entregan a traficantes mexicanos para llevarla a laboratorios clandestinos en la frontera con México y producir heroína, en una práctica que se estableció en el siglo XX.
Guatemala se convirtió, al menos desde 2017 y con su vecina Honduras, en un productor principiante de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y se afianzó en este siglo como puente del tráfico de cocaína de América del Sur a México y EEUU.
En una maniobra que se aceleró al menos desde 2010, Guatemala se transformó en punto clave de acopio para el tráfico ilícito de precursores químicos remitidos de China, India, Países Bajos o Turquía para producir fentanilo —mortal opiode sintético— y otras drogas de diseño o reexportarlos a centros de producción en México y enviar a EEUU.
Para reconfirmar a Guatemala como plataforma criminal, centenares de miles de migrantes irregulares latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos usan a ese país como trampolín para pasar a México rumbo a EU, en pujantes negocios dirigidos por cárteles mexicanos en asocio con centroamericanos y colombianos.
Poder y delincuencia
“Esta elección será definitoria para consolidar un modelo de gobierno desarrollado desde 2012 con la captura del Estado para coordinar y organizar, desde estructuras internas del Estado, el manejo de la seguridad para facilitar el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.
“Son estructuras dentro del Estado que están capturadas por factores de poder, como militares y exmilitares en convivencia con políticos. Estos grupos capturaron el esquema de seguridad y defensa estatal para utilizarlas en beneficio del crimen organizado, en vez de combatirlo”, dijo De León. “Se desarrollaron como estructuras paralelas dentro del Estado para facilitar el tránsito y el almacenaje de drogas. Por su debilidad, la institucionalidad de Guatemala quedó más bien al servicio del crimen organizado”, explicó.
Los escándalos que estallaron en los últimos 25 años del siglo XX y en la primera década del siglo XXI desnudaron las componendas políticas y criminales.
Sin embargo, distintas fuentes guatemaltecas coincidieron en que el panorama se agudizó a partir de 2012, con el ascenso a la presidencia del general en retiro Otto Pérez Molina, cuyo cuatrienio terminó abruptamente en 2015 con su encarcelamiento por corrupción y condena en 2022 a 16 años de cárcel.
El mecanismo de penetración prosiguió con el gobierno del cómico Jimmy Morales, de 2016 a 2020, y se asentó con el del médico Alejandro Giammattei, que empezó en 2020 y concluirá en enero próximo. Su mandato ha sido cuestionado por EEUU y en Guatemala porque presuntamente encubrió a las cadenas criminales. Giammattei rechazó esos ataques. “Entre Morales y Giammattei se consolida sobre todo la captura de la justicia”, recordó De León, en referencia a las maniobras político-partidistas desplegadas con fuerza a partir de 2017 para asumir el control, entre otras instituciones, del Poder Judicial y de la Fiscalía General (Ministerio Público) de Guatemala y desarticular las tareas de combate a la corrupción.
“Con la captura de la justicia, la impunidad está servida. Es innegable la connivencia de la actual parodia de justicia en Guatemala, que más bien está sirviendo para facilitar el ejercicio del narcotráfico en el país”, advirtió.
Monopolios y carrusel
Al describir que las elecciones en Guatemala se realizarán “entre el poder y la impunidad”, Insight Crime, agrupación no estatal de Colombia que indaga al crimen organizado transnacional, narró en un análisis que remitió a este periódico que “el sistema corrupto-criminal [guatemalteco] es como un carrusel. Los participantes pagan por jugar y establecen una relación simbiótica [estrecha] con las partes del Estado más importantes para sus intereses comerciales”, puntualizó.
En ese aparato de corrupción, “las conexiones criminales detrás de los bloques de poder político” son las que “dominan la política guatemalteca de cara a los comicios”, recalcó.
“Estos partidos políticos tienen conexiones con redes de corrupción profundamente arraigadas, y que tienen sus raíces en la guerra civil de Guatemala”, añadió, en alusión a que el conflicto bélico interno, que sacudió a esa nación de 1960 a 1996, creó eslabones militares y paramilitares casi pétreos en asocio con la clase económica empresarial tradicional y dominante.
En una exposición sobre las tormentosas expectativas generales para Guatemala, reseñó que las elecciones están “opacadas por la sombra de la corrupción y la impunidad rampantes”.
Tras mencionar que Giammattei “deja tras de sí un monopolio virtual sobre los entes del Estado”, reportó que “todos los candidatos” con más opciones de victoria “tienen nexos directos o indirectos con el establecimiento corrupto del país”.
El nudo de política —corrupción y la rosca de dólares— violencia parecen sólidos en Guatemala… y eso se sabe en el siamés del norte: México.
