Isabella Garzón Monsalve tenía 23 años, era una mujer trans y sus familiares y amigos recuerdan su muerte como una triste paradoja: el mismo día en que la asesinaron, había recorrido las calles de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, en la marcha del orgullo LGBTI.
El día de su muerte, el pasado 4 de julio, marchó para exigir respeto por los derechos de su comunidad junto a otras cinco mil personas. Pero justo al final del desfile, un grupo de desconocidos la atacó con arma blanca mientras ella caminaba rumbo a su casa. Tres meses después, su caso no solo vive en la memoria de sus seres queridos, también en la impunidad.
Es la misma impunidad que acompaña a la inmensa mayoría de las 689 muertes de personas LGBTI que se registraron en América Latina y el Caribe entre 2019 (319 casos) y 2020 (370) —casi una muerte por día—, según el informe “Des-cifrando la violencia en tiempos de cuarentena: homicidios de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe”, publicado este jueves.
El estudio es liderado por Sin Violencia LGBTI, el primer observatorio regional creado para analizar la situación de esta comunidad y que está conformado por organizaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Nicaragua.
Una comunidad que ve, impávida, cómo detrás de las frías estadísticas se esconde la pérdida de sus principales líderes y activistas.
Fue el caso de Andrea González, mujer trans y representante legal de Otrans, una organización comunitaria que trabaja por las personas LGTBI de Guatemala, a quien asesinaron a tiros en junio de este año. “La mataron balas de odio, el patriarcado y la ausencia del Estado”, reclamaron en ese momento sus familiares.
El panorama es aún más preocupante si se observan las cifras entre 2014 y 2020: “Al menos mil 949 personas LGBTI fueron asesinadas entre esos años en 10 países de América Latina y el Caribe; el 72% de estos homicidios estuvieron relacionados con el prejuicio frente a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas”, asegura a Efe Marlon Acuña, coordinador de la red regional de Sin Violencia LGBTI.
Ni siquiera la pandemia generada por COVID-19, que obligó a los países a tomar medidas restrictivas de movilidad y estrictas cuarentenas, permitió mejorar la situación de seguridad de esta población, toda vez que se mantuvo la tendencia en la que las principales víctimas fueron mujeres trans (112), hombres gays (120) y lesbianas (37).
El observatorio apunta a que 2020 significó un descenso en los homicidios para esta población en 9 de los 11 países que integran la red: Bolivia, Perú, Guatemala, México, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Honduras.
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