Human Rights Watch denunció, a través de un informe presentado entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que decenas de opositores al gobierno de Nicaragua detenidos en los últimos meses, la mayoría de ellos por “traición a la patria”, afrontan cargos sin pruebas y a menudo han sido sometidos a largos interrogatorios, además de estar en condiciones abusivas de detención.
En un informe de nueve páginas, HRW recuerda que el Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha acusado a muchos de los arrestados de cometer delitos graves sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, lo que consideró que deja en evidencia que se trata de “persecuciones por motivos políticos”, en represalia por su oposición.
Desde finales de mayo pasado, las autoridades han detenido “arbitrariamente”, según HRW, a 36 figuras críticas con el gobierno de Nicaragua, país donde se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega se presenta a la reelección.
Para elaborar este informe, HRW ha entrevistado por teléfono a 19 personas que tienen conocimiento de 28 de esos 36 casos, además de examinar fuentes oficiales, como comunicados del Ministerio Público y la Policía, documentos judiciales, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
Desde agosto el Ministerio Público ha presentado cargos contra la mayoría de los arrestados en procesos penales, que, indica HRW, se llevan a cabo “sin garantías básicas del debido proceso”.
Los detenidos se enfrentan a acusaciones que pueden acarrearles penas de 15 a 25 años de prisión y que van desde “lavado de dinero” hasta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en el texto que la celeridad con la que se han llevado a cabo estas detenciones, con acusaciones sin base y sin el debido proceso, demuestra que “Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.
Vivanco subrayó que “el Gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el Gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”.
Los familiares que pudieron ver a los detenidos, en algunos casos después de meses, denunciaron que sufren “condiciones de detención abusivas”, ya que no se les da comida suficiente y disponen de un tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre.
Además, son sometidos a interrogatorios diarios sin la presencia de un abogado y, en algunos casos, a aislamiento prolongado, aseguran los parientes de los arrestados.
